'¿Está usted a favor de que la Generalitat promueva una reforma constitucional para dar cabida al derecho a la autodeterminación de Catalunya?'. Esta podría ser la pregunta a los catalanes cuando se apruebe la Ley de consultas populares por vía de referéndum que el tripartito ultima.

El texto legal, que ha redactado la Conselleria de Gobernación, de ERC, está a punto de superar los últimos trámites dentro del Ejecutivo para ir al Parlament. El anteproyecto, de 20 páginas, se ciñe a las competencias que confiere el Estatut aprobado en 2006.

El Govern le ha sacado todo el jugo con una ley que sortea la ilegalidad al asumir sin ambigüedad que la última palabra sobre la convocatoria o no de un referéndum 'sobre cuestiones políticas de trascendencia especial para la ciudadanía' es del Gobierno del Estado, tal y como establece la Constitución. Las consultas serán sobre las competencias de la Generalitat. Pero entre ellas está promover la reforma constitucional.

El borrador de la ley, que regula también referendos en el ámbito local y facilita el voto electrónico, establece varios caminos para las consultas de ámbito catalán. Son cuatro: tres institucionales y una por iniciativa popular. En el frente 'institucional' pueden promover un referéndum el Govern a propuesta de su presidente, un 20% de los diputados del Parlament o dos grupos parlamentarios ahora son seis y los ayuntamientos. En este último caso deberían hacerlo un 10% de los casi 1.000 municipios catalanes siempre que representen a más del 10% de la población.

El 'popular' dispone que sea un 3% del censo mediante firmas quien la promueva. Serían unas 150.000 personas.

Todas las 'vías' tienen un común denominador: desembocan en el pleno del Parlament que, por mayoría absoluta, valida o no la consulta. Una vez completado el trámite, el presidente de la Generalitat debe pedir la autorización de la consulta al Estado. Si en un referéndum vota más del 50% el resultado obliga al Govern. Si el Parlament desestima la consulta deberá esperarse a la próxima legislatura para volver con la cuestión.

Los nacionalistas asumen que el hecho de que Madrid tenga la última palabra limita el alcance político de las consultas. Pero también que, a diferencia de lo que le pasó a Ibarretxe (el Estatuto vasco no le da competencias sobre consultas) cada vez que el Estado se oponga nacerá un 'choque de legitimidades'.

Llegado el caso Catalunya podría pedir organizar una consulta sobre su encaje en el Estado o por el régimen de financiación, dos temas que pueden cobrar actualidad en función de la sentencia sobre el Estatut que redacta el Tribunal Constitucional y de cómo acaben las negociaciones sobre el reparto de recursos a las CCAA.

En el Parlament, que tiene la llave para pedir o no las consultas al Estado (el PSC hubiera preferido que fuera sólo competencia del Govern o de un 5% o un 6% de las firmas del censo), el tripartito goza de mayoría absoluta pero también CiU y ERC juntas. Unos y otros, junto con ICV-EUiA, se han mostrado a favor del derecho a decidir.

El camino de la sensible Ley de Consultas no ha sido fácil. Ha hecho falta trabajo entre bambalinas para que el conseller Jordi Ausàs (ERC) diera forma a un anteproyecto que llega con meses de retraso. ERC lo presentará como un paso hacia la autodeterminación e ICV-EUiA como un ejemplo de participación ciudadana. El PSC se conforma con que sea legal.

Estos días las dos entidades municipalistas catalanas estudian el anteproyecto. A final de mes lo aprobará la comisión de gobierno local de Catalunya y pasará un breve trámite en el consejo técnico del Govern. Se prevé que en el primer consejo de gobierno de marzo reciba luz verde.

La ley recibirá probablemente apoyo de CiU y de entidades soberanistas que la ven útil para implantar una “cultura del derecho a decidir”.

El proyecto cuenta con la oposición de PP y Ciudadanos. Pero los artículos del Estatut en que se basa la ley son idénticos a los del estatuto de Castilla y León y muy parecidos a los de Andalucía.