'La guerra no consiste sólo en la batalla, sino en la voluntad de contender'. Frase lapidaria ésta de Thomas Hobbes y aplicable, en buena medida, al PP de la pasada legislatura: extender el fuego armado de la política hasta el último rincón, el Tribunal Constitucional (TC), aunque se pierda. Porque la victoria flaquea.

El 19 de enero recibió otra prueba más: nueve de los 11 miembros que componen hoy el Alto Tribunal rechazaron el recurso que los conservadores habían interpuesto en junio de 2005 contra la ley vasca de igualdad. En la sentencia, de 52 folios, los magistrados argumentan que es 'perfectamente constitucional' que Euskadi exija a los partidos que confeccionen listas paritarias para las elecciones autonómicas, integradas por un 50% de mujeres. Y una semana después, el Supremo tumbó la objeción a Educación para la Ciudadanía, inflamada por el PP y sus autonomías.

Son los dos últimos varapalos contrarios al PP. No los primeros. En la VIII Legislatura (2004-2008), el PP registró al menos 26 recursos de inconstitucionalidad contra leyes estatales o autonómicas y otros cinco recursos de amparo. El TC ha resuelto por completo diez, y los diez han sido tumbados. Seis de ellos ni siquiera fueron admitidos a trámite.

La lista de rechazos asciende hasta 12 si se cuenta la negativa del TC a acumular los recursos contra el Estatuto de Catalunya (en 2007) y también la impugnación del plan Ibarretxe antes aún de haber sido aprobado por el Parlamento vasco. El Gobierno de José María Aznar apeló al tribunal en noviembre de 2003, pero éste respondió unos meses más tarde, ya con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. Y hasta 13 si se computa el recurso de la Generalitat Valenciana (PP, por tanto) contra el nuevo Estatuto de Andalucía.

El Alto Tribunal ha frenado en seco las impugnaciones de los conservadores contra decisiones sensibles: la Ley de Igualdad (la estatal en 2008 y, ahora, la vasca), la reforma de la Ley Orgánica del TC, el cambio del Reglamento del Senado o la tramitación del Estatut y de la devolución a Catalunya de los papeles de Salamanca.

'El PP ha hecho un uso abusivo de los recursos, y que el TC le haya quitado la razón tantas veces muestra que ha actuado de modo oportunista', señala sin vacilar José Antonio Alonso, jefe del PSOE en el Congreso. Completa su compañero Jesús Quijano: 'Su móvil ha sido paralizar temas estrella, medidas emblemáticas de Zapatero o de las autonomías'.

El portavoz en la Comisión Constitucional aprecia un 'cierto cambio' en la actitud del PP esta legislatura sólo ha recurrido la Ley de Consultas del lehendakari, como hizo el Ejecutivo central, aunque recuerda, como Alonso, que aún está pendiente la renovación del TC. 'Que desbloquee las cosas y desista de recursos como el planteado contra las bodas gays o las listas cremallera de Andalucía', reclama.

'Respetamos totalmente las sentencias del TC', responden sucintamente fuentes del PP en la Cámara baja. Sobre la 'perversa' utilización del órgano en los últimos cuatro años, ningún comentario. Y sobre un viraje estratégico desde las elecciones, negativa. 'Lo que ocurre es que la actividad legislativa está bajo mínimos. Pero seguimos estudiando todas las leyes. Y las que tengan trazas de inconstitucionalidad, se recurrirán'. Apuntan un ejemplo: el anuncio de impugnación del pensionazo, dos disposiciones de los Presupuestos de 2009 que, según el PP, recortan las pensiones para los funcionarios públicos entre un 25% y un 55%. Otras fuentes del partido admiten que la estrategia es ahora otra, que la refriega política ya no conduce tanto al TC. 'Nuestra prioridad ahora es ver qué pasa con el Estatut', añade Federico Trillo, portavoz de Justicia.

El resto de grupos censura la actitud del PP. Tanto Gaspar Llamazares (IU) como Joan Ridao (ERC) condenan la 'judicialización de la política hasta extremos insólitos para alimentar la crispación'. Joseba Agirretxea (PNV) añade otra clave ampliamente compartida: 'Todo lo que concierne a las autonomías quedará siempreen entredicho para un partido centralista'. Jordi Jané (CiU) avanza una reflexión 'inquietante': 'Si no ha ganado más recursos es porque no tiene mayoría suficiente en el TC'.

En el universo académico sobresale la convergencia. El rechazo al uso 'partidario' del Alto Tribunal. Del PP, y también del PSOE. 'Ambos deberían acudir al TC cuando realmente haya visos de inconstitucionalidad, no para convertirlo en una tercera Cámara', indica Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED. 'En ocasiones las impugnaciones tienen fundamento jurídico, pero otras tantas prevemos que serán rechazadas. Pasó con la Ley de Igualdad, y ocurrirá con la de matrimonios gays'. Una predicción que comparten más constitucionalistas.

Los expertos alertan del peligro de daño al TC. 'Se le sobrecarga, pero, sobre todo, se obliga a dilucidar sobre temas políticos a un órgano que necesita sosiego para analizar cuestiones desde un prisma jurídico. La tensión añadida nunca es positiva', apunta Francisco Balaguer, catedrático de la Universidad de Granada.

Razonamiento en el que confluye el profesor de Jaén Juan José Ruiz: 'Los efectos pueden ser devastadores'. Fernando Rey, catedrático de la Universidad de Valladolid, anota los perjuicios de la proyección exterior: 'No veo tanto abuso del recurso de inconstitucionalidad [en 2007 ingresaron 21, frente a los 9.840 de amparo]. Sí esto otro: malo cuando la opinión pública prevé qué va a votar cada uno de los miembros del TC'. De ahí la pésima valoración de la justicia, resaltan el politólogo Rubén Sánchez Medero y el sociólogo Fermín Bouza.

Para Enrique Álvarez Conde (Universidad Rey Juan Carlos) no hay que exculpar al tribunal: 'No puede cumplir funciones del poder legislativo, tiene mecanismos suficientes para evitar meterse en charcos. Debe hacerse valer'.