Catalunya no tiene prisa y, además, quiere “garantías” claras para estampar su firma. El Govern no asumirá ningún pacto con el Estado en materia de financiación autonómica si en él no se asume, de forma explícita, “un giro en materia de ordinalidad”. Eso es, que Catalunya no vea invertida o alterada de forma significativa su posición en el ránking de recursos después de ser aplicada la nivelación (la solidaridad) para garantizar los servicios sociales básicos que prestan las autonomías.

Hasta ahora se producía una situación “irregular”, que el Govern ha denunciado y que se ha convertido en caballo de batalla: Catalunya, que antes de nivelar recursos es tercera o cuarta en capacidad financiera por cápita de su gobierno, pasa a ser después décima o undécima, quedando por detrás de autonomías menos dinámicas. Se acepta que las diferencias iniciales se reduzcan pero nunca de que las posiciones finales se inviertan.

El Govern asume, sin embargo, que en el contexto económico actual (y teniendo en cuenta que el plazo legal del 1 de enero para que el modelo entrara en vigor se pulverizó) el “giro” en materia de ordinalidad, que es condición sine qua non, no se aplicará al 100% de entrada. Por eso las fuentes consultadas cercanas a la negociación admiten cierta “gradualidad” en el tránsito a un modelo de corte federal.

La negociación lleva meses en marcha y, según la parte catalana, está en una suerte de “punto muerto” en que sólo falta que Zapatero diga si asume o no las peticiones catalanas, que se basan en un asunto, la ordinalidad, que si bien tiene un redactado ambiguo en el Estatut se ha convertido en lo que debería ser el “principio básico” del sistema una vez se han asumido preceptos como primar la población frente a otras variables.

El Govern de Montilla asegura que se está en una fase en que la negociación, pese a que avanza en cuestiones “menores”, pierde cada día “envergadura” a la espera de que se resuelva el tema clave. Si la respuesta es negativa, aseguran, Catalunya no firmará “y el modelo nacerá muerto”.

Desde el ministerio no tienen una visión tan alarmante, como es habitual. “No hay razones para la inquietud, se está avanzando”, informa Pedro González. Fuentes cercanas a Solbes aseguran además que las autonomías, incluida Catalunya, “han bajado el tono” reivindicativo.

La semana pasada el secretario de Estado Carlos Ocaña se reunió con los consejeros. Salieron de los encuentros aún sin cifras pero con una “idea aproximada” de como quedaría su autonomía.

Sectores del Govern entienden que con el modelo se han hecho y se harán “trampas” y que de lo que se trata es de que la aportación del Estado sea significativa. Insisten en la cifra de  3.000 millones anuales más para Catalunya.  Una cantidad inviable con las primeras ofertas de Solbes, que oscilaban entre los 5.000 y los 7.000 para todo el sistema. Los 12.000 siguen apareciendo, pues, como una cifra tan óptima como lejana.

Otra cuestión son las fechas. Zapatero trabaja por un acuerdo antes del 13 de febrero, día de arranque de la campaña gallega. Ayer el presidente de ERC Joan Puigcercós constató las “prisas” de Madrid pero avisó que la parte catalana “no aceptará un mal acuerdo”.

Y, desde Galicia, el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, ya creaba caldo de cultivo contrario al acuerdo afirmando que “todo apunta” a que será “claramente insolidario” con las regiones más necesitadas.

- CiU no apoya a Montilla en la ardua negociación. Los nacionalistas se han descolgado del frente catalán, que vio la luz a finales de septiembre, al entender que ya no se negocia en base al Estatut.

- La formación que lidera Artur Mas se escuda en que la negociación es entre gobiernos para no ejercer presión en Madrid, donde sus diez diputados podrían ser clave.

- Ni Mas ni Josep A. Duran i Lleida han condicionado a la financiación llegar a pactos con el PSOE en lo que queda de legislatura. Esperan a que el tripartito fracase o se rompa.