Domingo González Arroyo, presidente del PP en Fuerteventura y alcalde de La Oliva hasta junio de 2008, abrió el lunes un nuevo frente contra el vicepresidente canario y líder de los conservadores en el archipiélago, José Manuel Soria, imputado por presunto cohecho en el llamado caso salmón. 'Si tiene la valentía de denunciarme, si no es un cobarde, que lo haga y se podrán aclarar algunas cosas más que todavía no han salido a la luz', afirmó Arroyo en declaraciones a la Cadena Ser.

En sus declaraciones, González Arroyo sostuvo que había advertido a Soria de varios casos de corrupción. '¿Cómo es posible -se preguntó- que cuando fue alcalde de Las Palmas vendiera un canódromo, una propiedad municipal, en cuatro millones y a los 15 días de comprarlo el nuevo propietario lo vendiera en 14 millones de euros? Sólo por eso -concluyó- debería marcharse de la política'. Soria gobernó el Ayuntamiento de Las Palmas entre 1995 y 2003.

Condenado por haber contratado ilegalmente a un familiar e involucrado en varios casos de presunta corrupción que terminaron en la papelera, Arroyo fue expulsado del PP el pasado mes de diciembre. Alcalde de La Oliva durante dos décadas, en junio de 2008 pactó con los socialistas una moción de censura que derribó a la entonces alcaldesa del municipio majorero, de Coalición Canaria. Fue ese pacto lo que terminó desatando su expulsión.

El origen del caso salmón se remonta a agosto de 2005, cuando Soria viajó a Salzburgo (Austria) y luego a Noruega para pescar salmones -de ahí el nombre del caso- invitado por el empresario Borjn Lyng, propietario de la empresa Anfi Tauro y ya fallecido. Dos meses más tarde, el Cabildo de Gran Canaria, entonces presidido por Soria, declaró de interés general la construcción de 3.600 plazas turísticas promovidas por Anfi Tauro, lo que permitió a la empresa sortear la moratoria urbanística vigente.

El pasado 26 de noviembre, durante su declaración ante la juez instructora, Soria aseguró que Lyng no había pagado sus gastos en el periplo por Austria y Noruega. Para avalar su afirmación, el vicepresidente canario presentó facturas. Ahora, la juez ha ordenado a la Policía que investigue en ambos países la veracidad de los documentos aportados.

A finales de la semana pasada, el diario local La Provincia informó de la investigación policial en el extranjero. Soria difundió de inmediato un comunicado grabado en el que desmentía al periódico aunque de modo vago. Fuentes del caso confirmaron a Público el lunes que tal investigación existe.