El secretario ejecutivo de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, considera que promover una huelga de jueces para el próximo 10 de febrero es 'incurrir en actitudes irresponsables y antisistema' y, además, está convencido de que la amenaza de paros pesó en el ánimo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que decidieron mantener la sanción de 1.500 euros al juez Rafael Tirado.

En una entrevista con Europa Press, el dirigente socialista se refería así a la decisión del CGPJ de mantener una multa como sanción a Tirado, responsable del juzgado sevillano que no ejecutó la pena de prisión por pederastia dictada en 2002 contra Santiago del Valle. Del Valle siguió en libertad y presuntamente asesinó a la niña de Huelva Mari Luz Cortés a principios de 2008.

'En la famosa decisión que tanto nos ha escandalizado subyacía también un cierto pánico a los movimientos subterráneos de algunos sectores de la judicatura amenazando con una huelga. Creo que [los vocales] han sido débiles en su resolución porque han sido permeables a la amenaza', manifestó.

Además, subrayó que las asociaciones judiciales 'tampoco controlan' el movimiento que está a favor de la huelga, 'demuestran que tienen un cierto miedo y son reacias a exigir una responsabilidad en esta materia'. Las asociaciones judiciales se reunirán mañana para analizar las reivindicaciones de los jueces ante la posible convocatoria de huelga.

Cuesta opinó que aunque 'el tema es jurídicamente discutible, un juez no tiene derecho de huelga' en su labor de poder judicial, de 'juzgar y hacer ejecutar lo juzgado'. 'Yo entendería que el mismo día de la huelga, muchos ciudadanos, que no entenderían esa huelga, se manifestaran en contra ante muchos juzgados de este país. Lo entendería porque es un disparate, una irresponsabilidad', añadió. A su juicio, 'es tan evidente la actitud antisistema de quien reivindica el derecho de huelga del juez y el magistrado que se descalifica por sí misma'.

Sin embargo, opinó que no es deseable aclarar por ley 'si un juez se puede poner en huelga, o un diputado, o una senadora, o un director general o un gestor de la empresa pública'.

Así, hizo un 'llamamiento a la cordura y al diálogo' para resolver los problemas de la justicia y calificó de 'movimiento antisistema' que se promueva una huelga justamente 'en el momento de mayor inversión en materia de justicia' y 'cuando el horizonte es de esperanza, de modernización y de superar los problemas'.

'¿Por qué no se protestó antes? ¿Es que estamos ante una concepción partidaria, sectaria? ¿Ante una insurrección contra las instituciones legítimas?' se preguntó.

Por otro lado, a raíz de la decisión sobre el juez Tirado, Cuesta expresó su opinión 'personal' de que 'el actual modelo de elección del CGPJ debería reconsiderarse' porque esa sanción al juez Tirado, que calificó de 'gran escándalo público', ha demostrado que 'una parte sustancial del CGPJ es rehén de las asociaciones judiciales' y ha demostrado 'una debilidad extrema y una dependencia extrema' respecto de las asociaciones.

El diputado recordó que de los 20 vocales del CGPJ un total de 12 son jueces elegidos por el Parlamento pero a propuesta de las asociaciones judiciales y opinó que si este modelo lleva a que 'jueces y magistrados consideren que su legitimidad proviene de las asociaciones profesionales, y no del Parlamento, habrá que revisar el modelo de elección'.

En su opinión, todos los vocales del CGPJ deberían tener muy claro que lo son 'por voluntad soberana del Congreso y del Senado'.

'Si no se entiende así, si sigue una actitud de excesiva dependencia y de falta de entidad propia respecto de las asociaciones judiciales sería razonable cuestionarse el actual modelo del CGPJ', añadió el diputado, aunque dejó claro que esa es su opinión personal y no está en el programa electoral del PSOE.

No obstante, el PSOE sí llevaba en su programa una reforma del CGPJ para que éste cese automáticamente si ha vencido su mandato se produce un bloqueo en su renovación. Cuesta precisó que esta iniciativa 'no es una prioridad en el tiempo' pero sí está contemplada 'a lo largo de la legislatura'.

Asimismo, se mostró convencido de que el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, comparecerá ante el Congreso de los Diputados --como ha solicitado el PSOE-- y recordó que en todo caso 'por ley está obligado a comparecer' para presentar la Memoria del CGPJ. Cuesta recalcó que en esa memoria 'no sólo hay datos o cifras' sobre el funcionamiento de los tribunales, sino también sobre la actuación del CGPJ 'en inspección de tribunales, en aplicación del régimen disciplinario'.

Así, defendió que pedir a Dívar que hable de 'los criterios' que llevaron al CGPJ a 'tomar la decisión que tomó' en el caso 'Mari Luz' 'es tanto como pedirle explicaciones de cuáles son sus criterios en materia de régimen disciplinario'. 'No estamos planteando nada extraño', argumentó.

El también presidente de la Comisión de Justicia del Congreso recordó que el PSOE ha pedido una comparecencia específica de Dívar para este asunto pero ve posible que se acumule con la comparecencia para hablar de la Memoria del CGPJ 'en un tiempo razonable y próximo'.

En este sentido, añadió que Dívar, como todo compareciente, será 'dueño de sus palabras y de sus silencios' y es libre de dar 'argumentos más o menos explícitos'. A su juicio, Dívar 'está dispuesto a comparecer', a diferencia del anterior presidente del CGPJ, que 'menospreció al Parlamento y creó un conflicto único en nuestra democracia'.

Para Cuesta, el anterior CGPJ demostró 'una distancia considerable con la ciudadanía' y el nuevo CGPJ, con su decisión sobre el juez Tirado, 'empieza en una línea de continuidad y por tanto defrauda las expectativas de cambio y las ilusiones que se pusieron en él por parte de los parlamentarios'.

El dirigente socialista insistió en que la decisión fue 'coorporaiva' porque 'la mayor parte de los votantes en favor de la multa son personas que tienen una especial relación con las asociaciones profesionales' de jueces. Además, subrayó que esta decisión del CGPJ es criticable porque no es una tarea jurisdiccional sino como 'órgano de gobierno' de los jueces.

En todo caso, recordó que el Gobierno quiere modificar el régimen disciplinario de los jueces, donde hay 'excesiva benevolencia' frente al de los funcionarios de la Administración de Justicia y aseguró que en cuanto haya un borrador se le trasladará al PP para aprobarlo 'con el mayor acuerdo posible'.

'El PP será luego responsable de negarse o apoyarlo, de reaccionar con mayor o menor independencia respecto al corporativismo que a veces impera en el sistema judicial', agregó.

Por último, Cuesta opinó que el pacto judicial con el PP 'está funcionando', puesto que ya están en trámite proyectos como la reforma parcial del Código Penal y la implantación de la Oficina Judicial, y a pesar de la no renovación del Tribunal Constitucional, un asunto donde, en su opinión, el PP no tuvo 'un comportamiento leal' al proponer sólo dos candidatos 'un poco manu militari' y 'con un escaso respeto a la voluntad de los parlamentos autonómicos'.