La abogada Liliana Uribe es una de las fundadoras de la organización no gubernamental colombiana Corporación Jurídica Libertad, que trabaja desde 1993 por la defensa de los derechos humanos. Considera que 'la lógica perversa de Colombia, de mostrar resultados a toda costa', ha sido determinante en el deterioro de la situación en el país.

'Hay civiles que son asesinados y mostrados como trofeos de guerra'

¿Cómo resumiría la situación de los derechos humanos en Colombia?

Uno de los ejes de la política de seguridad y defensa democrática del presidente Álvaro Uribe es el exterminio de las guerrillas. Implica el aumento de las fuerzas y el presupuesto destinado a la guerra. Otro eje es lo que se ha planteado como desarme de los paramilitares, pero todo el proceso fue una operación para sellar la impunidad de los crímenes que éstos han cometido. Las estructuras paramilitares siguen vigentes. Ambos ejes de la política de Uribe han puesto en un estado muy grave la situación de los derechos humanos.

¿De qué modo?

'Recuperar el cuerpo de un ser querido puede llevar años'

Ha habido éxitos militares frente a la guerrilla y eso es un elemento altamente positivo. Pero, paralelamente, se han producido homicidios de civiles que se muestran como si fueran guerrilleros abatidos en combate. Estamos hablando de civiles que no tienen nada que ver con el conflicto y que son asesinados y mostrados como trofeos de guerra en la lucha contra la subversión. Les uniforman, les ponen botas, les ponen armas. Pero tienen tiros en la cabeza, tiros de gracia. Estas acciones son atribuidas directamente a miembros de las fuerzas estatales.

¿Tienen cifras sobre la dimensión del fenómeno?

Entre 2002 y 2007 hemos documentado 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales. Según el Ministerio de Defensa, hay 15.077 muertos en combate de 2002 a 2008 en el marco de la lucha contra las guerrillas. Creemos que, de esa cifra tan alta, como mínimo el 10% son ejecuciones de civiles.

'El panorama en términos de verdad, justicia y reparación es muy desalentador'

¿Hay algún patrón por el cual eligen a los civiles?

Les da igual. En muchos casos son líderes campesinos o indígenas. Hay zonas estigmatizadas porque en ellas ha estado presente la guerrilla. [Los autores de las ejecuciones] consideran que toda la población se presta a colaborar con la guerrilla y, por tanto, tomen a quien tomen para ellos es una ganancia. Se llevan incluso a indigentes, pues piensan que nadie va a preguntar por ellos. Lo curioso es que los indigentes, aunque parezca que no, mantienen cierto contacto con su familia. Uno llamó a su madre y le dijo que iba a visitarla al día siguiente. No fue. Apareció en un lugar a ocho horas de camino. En un estudio que hicimos, hallamos que el 12% de las ejecuciones extrajudiciales eran mujeres y el 10% eran niños de entre 14 y 16 años.

¿Pueden las familias recuperar los cuerpos de sus seres queridos?

No sabe la tragedia que es recuperar un muerto. Es una tarea titánica. Le cuento un caso. Una muchacha de 15 años llamada Jessica y su hermano Nelson. El Ejército los coge en la casa de los papás. Desaparecen. La familia sabía que se los había llevado un batallón. Era lo único que sabía, así que los busca primero en los batallones y después en morgues y hospitales. La búsqueda se demora meses. Miraron miles de fotos de guerrilleros abatidos. Al final los encontramos en otro departamento. Los habían enterrado como NN (No Nominados) en el cementerio de la iglesia. A partir de ahí, hay que demostrar ante la jurisdicción militar que son Nelson y Jessica, con pruebas de ADN. Mientras, pasan los años. La iglesia los desentierra y los pone en una fosa común. Hubo que pedir a la parroquia, a través de la Fiscalía, que los sacara. ¡La familia recuperó los cuerpos después de años! Por eso creemos que el problema de las ejecuciones extrajudiciales puede ser mucho más grave. Porque hasta que descubrimos que un NN es fulano, pasa mucho tiempo. Sólo cuando sabemos su identidad lo denunciamos como ejecución extrajudicial.

¿Se están investigando las muertes extrajudiciales?

Las investigaciones las llevaba la jurisdicción penal militar. Nosotros insistimos en que sea la justicia civil. Hace un año, la Fiscalía creó una unidad para investigar ejecuciones extrajudiciales. Tiene muchas denuncias, más de 158 procesos con más de 1.015 víctimas. Y el fiscal, que fue ministro de Justicia, no está moviendo las investigaciones. Sólo ha avanzado con 42 militares involucrados. Es un panoramadesalentador en términos de verdad, justicia y reparación.

¿Qué papel puede jugar España?

Sabemos que con la debida presión, el Gobierno de Colombia tendrá que cambiar la situación. ¿Qué nación apoya a un país que tiene una fuerza pública que está matando civiles? Pero si los medios no generan un debate que le suponga costos al Gobierno, es muy difícil.