El Partido Popular (PP) considera la asignatura de Educación para la Ciudadanía 'doctrinaria e ideológica', y mantiene una cruzada contra ella desde que la materia fue incluida en la LOE en mayo de 2006. Aunque sólo ha contado con el respaldo del 0,8% de los alumnos, las autonomías gobernadas por el PP han intentado echar mano del ingenio para boicotearla.

La más ocurrente ha sido la Generalitat valenciana, que dio todo un golpe de efecto cuando en septiembre de 2007 anunció que la materia se impartiría en inglés en todos sus institutos.

La Conselleria de Educación comenzó entonces a buscar profesores capaces de dar la asignatura en ese idioma y dispuestos a hacerlo. Pero sólo encontró a 11 voluntarios, que fueron calificados de 'héroes' por la Generalitat. No obstante, Francisco Camps no se rindió y en septiembre de 2008 llegó la solución de urgencia: el profesor de Filosofía o Historia se encargaría de los contenidos y un docente de inglés se responsabilizaría de traducirlos.

Lo curioso es que la orden incluyó la presencia simultánea de los dos profesores en el aula, lo que hizo explotar el malestar acumulado de la comunidad educativa.

En la Comunidad de Madrid, la consejera de Educación, Lucía Figar, aseguró en junio que no crearía un marco normativo para regular las objeciones de conciencia. Sin embargo, dos semanas antes de que arrancase el curso académico, anunció que los alumnos que objetasen realizarían tareas de voluntariado o trabajos relacionados con la materia, centrados en la Constitución o los Derechos Humanos.

Como en las otras cuatro comunidades gobernadas por el PP, en Madrid se retiraron del currículum los puntos más polémicos. El Ministerio de Educación lo llevó a los tribunales y el PSOE llegó a acusar a Esperanza Aguirre de usar a los estudiantes como 'arma arrojadiza' contra el Gobierno.

Por su parte, el Ejectuivo riojano decidió que los objetores recibiesen atención educativa en sus centros. Partidario de dejar a los alumnos exentos de evaluación, el Gobierno autonómico se declaró finalmente incompetente en la materia y derivó el caso a los tribunales.

Algo parecido ocurrió con la Consejería de Educación de Murcia, donde también se anunció que los alumnos que no quisieran ir a clase serían atendidos por un profesor o en la biblioteca. No obstante, 'en principio', los chicos suspenderán la asignatura, aseguraron fuentes oficiales.

Por último, Castilla y León se mostró como la comunidad gobernada por el PP menos rebelde y aseguró que cumpliría 'la ley del Gobierno'. Sin embargo, también eliminó algunos contenidos del programa de estudio y finalmente el Ministerio interpuso un recurso ante la Justicia.

Pese a que la educación es uno de los ejes temáticos de la oposición de Javier Arenas, presidente del PP en Andalucía, el rechazo a la polémica asignatura en las filas conservadoras no ha sido particularmente llamativo en la región.

Arenas, que ha defendido las sentencias favorables a los padres objetores, se ha limitado a un discurso crítico con la educación andaluza en general. 'Más autoridad, más Inglés y más Matemáticas, y no Educación para la Ciudadanía', dijo en mayo. El PP intentó en vano reprobar a la consejera de Educación por la publicación en el BOJA de los nombres de 81 niños de padres objetores.