El secretario general del PP canario, Manuel Fernández González, se comprometió por contrato en diciembre de 2006 a asesorar al grupo inmobiliario Anfi para 'la obtención de licencias' y en las 'relaciones institucionales con organismos públicos'.

Tres meses después, la Cámara del archipiélago, donde Fernández ocupa un escaño, aprobaba el 30 de marzo de 2007 la autorización para ampliar una urbanización costera de Anfi Tauro: tras obtener el rango de proyecto de 'interés general', la filial de Anfi había logrado colarse por las ranuras de la moratoria turística dictada en 2000 para frenar la escalada de cemento en las islas.

El diputado ocupaba silla en la comisión territorial y en el

Miembro de la junta directiva nacional del PP, Fernández González está imputado junto con el vicepresidente canario y líder de los conservadores en el archipiélago, José Manuel Soria, en el llamado caso salmón. A ambos se les atribuye un presunto delito de cohecho en relación con la empresa Anfi Tauro, creada por el sueco Bjorn Lyng, ya fallecido. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Fernández.

La existencia del contrato con Anfi podría empeorar la situación del dirigente conservador. El 26 de noviembre, fecha de su declaración como imputado y cuatro días antes de que expirase el contrato, Fernández topó con que juez y fiscal acababan de recibir una copia. En esa tesitura reconoció que, aún sin firma, el documento 'es cierto y sigue en vigor tácitamente'. A preguntas del fiscal, Fernández aseguró desconocer por qué no estaba firmado. Luego, contó a los periodistas una versión distinta: que el contrato 'no existe', dado que nunca llegó a firmarse.

El contrato había llegado a la juez de manos del periodista Carlos Sosa, cuya denuncia activó el caso salmón al relatar cómo en 2005 el Cabildo de Gran Canaria había informado favorablemente del proyecto de Anfi dos meses después de que su entonces presidente, José Manuel Soria, viajara a Noruega invitado por Lyng. Ante la magistrada, el número dos del PP canario admitió sin ambages que había pertenecido al consejo de administración de Anfi entre 2005 y 2007, periodo en el que ya ocupaba plaza en la comisión parlamentaria de Ordenación del Territorio y Medio ambiente, así como en la de Turismo.

48.000 euros: en esa cifra se valoraba el asesoramiento de Manuel Fernández

¿Disponía como asesor de atribuciones para obtener licencias o autorizaciones? No, respondió antes de que el fiscal hiciera poner ante sus ojos el punto 2 del contrato, justamente el relativo a las licencias. Fernández dribló aduciendo que su tarea se limitaba a coordinar a abogados y arquitectos. ¿Es usted abogado?, le había inquirido previamente el fiscal. No, contestó Fernández. A cambio de 48.000 euros, el dirigente conservador se obligaba a gestionar, entre otros asuntos, 'cualquier controversia' que pudiera surgir con el Estado en torno a la ocupación de terrenos de dominio marítimo terrestre.

El secretario general del PP canario sostiene que al trabajar para Anfi no incurrió en delito: en fecha que nadie ha precisado pidió compaginar su cargo de diputado con el de asesor, aunque el Parlamento canario jamás conoció el tenor ni la literalidad del contrato con Anfi, confirmaron fuentes de la Cámara. El diputado alega a su favor que no votó en la sesión que el 30 de abril de 2007aprobó la urbanización de Anfi Tauro. Soria sí lo hizo, pero Fernández se ausentó de la votación 'por razones éticas'. Eso dijo.

El apartado ético del contrato se resume en la cláusula séptima. Bajo el epígrafe Confidencialidad, se lee: el contratado 'no utilizará para su propio beneficio o para cualquier otra finalidad que no sea el beneficio exclusivo de la sociedad cualquier información confidencial relativa a sus negocios y asuntos que haya obtenido durante su asesoramiento'. Pese a lo anterior, el diputado aseguró que jamás trató de influir en nadie a favor de Anfi.