Al fin, dos años después de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, los beneficiarios de sus ayudas sabrán cuánto deben pagar por ello al sistema. El Consejo Territorial de Dependencia dio ayer luz verde al llamado copago y al acuerdo sobre los requisitos mínimos que deben reunir los centros y servicios de atención a la dependencia.

Lo que está claro es que quienes cobren menos de 517 euros al mes (la cantidad que marca el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM) no sufragarán de ningún modo al servicio que les presta la ley. Tampoco se tendrá en cuenta la primera vivienda para asignarles la ayuda. Esta sólo computará si su propietario vive solo, no tiene ningún familiar a su cargo y si la ayuda que se le ha concedido es una plaza en una
residencia.

El grado de concreción del resto de detalles del acuerdo sobre el llamado copago es lo suficientemente amplio como para permitir un acuerdo a 18 bandas. Y ello deriva en la corrupción de uno de los principios de la ley: la cohesión, según denuncian los sindicatos. Cada comunidad adaptará los requisitos acordados para el copago. Así lo establece explícitamente el acuerdo. Y así lo dijo la ministra de Política Social, Mercedes Cabrera, al término de la reunión. 'Se han establecido horquillas que cada comunidad autónoma regulará', explicó.

El documento establece siete puntos para determinar la capacidad económica del beneficiario. Por ejemplo, se tendrán en cuenta las cargas familiares y se modificará la renta al alza con la suma de un 5% de su patrimonio. El resto del texto va poco más allá.

Quienes cobren más de 517 euros y sean beneficiarios de una plaza en una residencia contribuirán al pago con una cantidad que no superará entre el 70% y el 90% de su salario. Si obtienen una ayuda a domicilio o una plaza en centros de día y de noche pagarán por ello entre el 10% y el 65% de sus ingresos.

En el caso de las prestaciones económicas, nunca percibirán menos del 40% de las ayudas a asistencia personal (como máximo son de 811 euros al mes) ni menos del 75% de la ayuda para cuidados en el entorno familiar, que nunca supera los 507 euros.

'Nos hubiera gustado que se hubieran definido criterios y tablas comunes. Tampoco estamos de acuerdo con que la vivienda habitable compute, ni que sea por una plaza residencial', lamenta la responsable de Política Social de CCOO, Pura García. A su juicio, se debería haber hecho un mayor esfuerzo para que el acuerdo hubiera dado más cohesión al sistema. García incluso hubiera preferido que las negociaciones se hubieran alargado.

Almudena Fontecha, secretaria para la Igualdad de UGT, dice que su sindicato no acepta el acuerdo de copago. 'Es cierto que la horquilla para el copago a las residencias se ha reducido, pero aun así, el dependiente pagará más o menos según donde viva', explica.

La Asociación de Empresarios de Atención a Domicilio (Aeste), que como los sindicatos asesoró al Ministerio en la elaboración de los textos, también considera que es 'imprescindible el establecimiento de unas tablas comunes con los porcentajes en función de la capacidad económica y el servicio o prestación percibidos'.

La lectura cambia de polo si se analiza el acuerdo sobre los criterios mínimos para acreditar a centros y servicios a la dependencia. Este sí marca las ratios mínimas de personal para 2011 y establece que el 33% de los profesionales deben ser titulados. El próximo año se determinará la tabla para 2015. Para entonces, todos deberán haberse formado.