Los juzgados territoriales a los que el juez Baltasar Garzón remitió la causa contra el franquismo tras inhibirse no tomarán su relevo en la búsqueda de responsabilidades penales y la cuestión acabará archivada. Esa es la impresión de la judicatura, expresada ayer unánimemente por cuatro presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) autonómicos y un juez decano.

Eduardo Baena, presidente de la Audiencia de Córdoba, que en 2005 firmó una sentencia que rechazaba investigar un crimen de 1936, expresó ayer a Público una idea que resume esta opinión general: “Todos los jueces ya saben que cada problema que se ha encontrado Garzón, como el de la prescripción, se lo encontrarían también ellos”.

Las Jornadas de Justicia y Comunicación del CGPJ, celebradas ayer en Valencia, sirvieron como marco para una auténtica ceremonia del escepticismo sobre el futuro de la causa. El presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, fue el más duro. “Con su resolución, Garzón reconoce el error de incoar un procedimiento que nunca debió incoarse”. A su juicio, no debió abrir el sumario, porque la responsabilidad penal de los autores se ha extinguido por fallecimiento.

La presidenta del TSJ de Catalunya, Maria Eugeni Alegret, se manifestó en términos similares: “Me llama la atención [la inhibición de Garzón]. Si los autores están muertos en Madrid, también lo estarán en Barcelona”.

El anfitrión de las jornadas, el presidente del TSJ valenciano, Juan Luis de la Rúa, explicó que los jueces “se van a encontrar con el mismo problema que Garzón”. Añadió que la labor de la instrucción penal “no es investigar por investigar”. Y acabó: “Yo sólo lo haría si veo la posibilidad de atribuir la responsabilidad a alguien. Si no, qué estoy haciendo”.
Por su parte, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, recordó que el auto de Garzón puede ser recurrido. Si se confirma, apuntó, se producirá “una dispersión del contenido y continente de la causa, porque cada Juzgado decidirá” qué hacer.

Muy distinta es la percepción de los 40 juristas que se han adherido a un manifeisto de Amnistía Internacional (AI), en la que piden al Estado español que “garantice una investigación judicial” sobre las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo. Entre ellos, destaca José Antonio Martín Pallín, miembro de la Comisión Internacional de Juristas y magistrado emérito del Tribunal Supremo.

“Ahora todo queda en el limbo”, sintetizó desde Córdoba Antonio Gutiérrez, nieto de Luis Dorado, diputado socialista fusilado en 1936, que ayer pudo comprobar que la decisión de Garzón tiene consecuencias inmediatas. Fuentes judiciales afirmaron a Efe que el juzgado de Instrucción 6 de Córdoba no continuará con la exhumación de sus restos.