La Audiencia de Barcelona vivió este martes un día histórico. En el banquillo de los acusados se sentaba, por primera vez, un conseller del Govern por delitos que presuntamente cometió mientras estaba en posesión del cargo.

Ignasi Farreres, que ocupó la cartera de Treball entre 1988 y 1999 y militante de Unió, entraba en la sala para ser juzgado por los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación, lo que podría acarrearle una pena de cinco años y medio de prisión.

Los hechos se remontan a 1994 y 1995, cuando Treball urdió, según la acusación, una trama para desviar fondos mediante la adjudicación de ocho estudios de dudosa utilidad, plagiados o anticuados, por los que se pagaron 7,5 millones de pesetas.

La Fiscalía repasó uno a uno los ocho trabajos, que presentaban todos anomalías. En algunos casos no estaban fechados, otros fueron pagados antes de ser entregados o se referían a legislaciones que ya no estaban en vigor. Farreres defendió su utilidad por los múltiples cambios en legislación laboral que se habían dado entre 1993 y 1994. Además, atribuyó la adjudicación de estos informes al fallecido Martín Toribio, que era entonces un alto cargo del departamento.

El ex conseller no quiso contestar a la acusación particular, ejercida por la Generalitat, y a las populares de ICV y el ex militante de UDC Xavier Rotllan porque actúan con 'connotaciones políticas'.

Especialmente enojado se mostró con la letrada de la Generalitat, a quien explicó que le dolió 'profundamente' que la administración a la que sirvió 'fielmente' le acusara de haber obtenido beneficio del supuesto desvío de fondos.

Su defensa, además, aportó una relación de informes encargados por el Govern esta legislatura y recordó que el año pasado gastó 32 millones de euros en informes externos.

Uno de los misterios del caso radica en si tras el caso Treball se escondía una forma de financiación ilegal de UDC o si simplemente era una forma de enriquecimiento personal de los encausados.

Otro de los imputados, el ex secretario general de Treball, Josep Maria Servitge, para quien también se piden cinco años y medio de cárcel, negó rotundamente que del dinero pagado por los informes se beneficiaran él personalmente o su partido. '¿Usted cree que por dos millones y medio me expondría a lo que estoy pasando ahora? ¿Usted cree que soy tan fan de Unió como para jugármela así por el partido?', espetó a la Fiscalía.

Quien se negó a declarar a preguntas de la acusación fue el empresario militante de UDC, ex concuñado y amigo del diputado en el Congreso Josep Sánchez Llibre, Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ya condenado a más de un año de cárcel por el caso Turismo. Acuña, cuyas empresas realizaron los estudios, se remitió a una carta en que manifiesta haber 'engañado' a los dirigentes del departamento y asume la responsabilidad de los plagios. La acusación pide para él tres años y medio de reclusión.

La plana mayor de UDC, con excepción de Duran Lleida, arropó a los acusados en un juicio en que no acudió ningún cargo de CDC.

Diversos militantes y altos cargos de la formación que lidera Duran están implicados en otros casos de corrupción que se insruyen, como el caso Turisme o el caso Pallarols por la financiación ilegal del partido.

ria Pelegrí, la portavoz, Joana Ortega, Ramon Espadaler, Marta Llorens y Manuel Silva.