Saltaron todas las alarmas. Hace unos días se puso el grito en el cielo al estallar la noticia de que el PP de la Comunidad Valenciana había incluido en la reforma de sus Estatutos una cláusula que blindaba al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por la posible comisión de varios delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. Pero lo cierto es que ésta medida no era ni más ni menos que  una copia literal de la que actualmente figura en el reglamento nacional.

En el Preámbulo de los conservadores valencianos se indicaba que 'dentro de su compromiso ético con la sociedad' el partido de Francisco Camps había decidido incorporar a su procedimiento disciplinario 'la suspensión automática de funciones y militancia cuando existiese una condena firme en un procedimiento penal por la comisión de un delito doloso'.

El texto, con exactamente las mismas palabras, aparece recogido en el artículo 16, apartado 6, de la normativa interna que salió aprobada del XVI Congreso del PP, cuando Rajoy fue reelegido presidente. Cuatro meses después del cónclave los Estatutos siguen siendo secretos  pero fuentes del partido confirmaron a Público este dato.Durante el desarrollo de la ponencia se mantuvo que se incluía este aspecto para que en casos de 'alarma social' se procediera a una 'rápida actuación'. Pero lo cierto es que la urgencia contrasta con lo aprobado en los nuevos Estatutos: antes de que se dicte una condena firme suelen pasar muchos años entre la instrucción del sumario, las sentencias de primera y segunda instancia y los posibles recursos ante el Tribunal Supremo o el Constitucional.

En sus Estatutos los conservadores introducen este importante matiz y mantienen, como en etapas pasadas, otras medidas cautelares como 'la suspensión provisional de funciones y la de militancia de los afiliados'. Para aplicarlas se exige 'siempre' el acuerdo de la mayoría absoluta del Comité de Derechos y Garantías.

En el PP niegan que con esta redacción se trate de proteger a todos aquellos dirigentes del partido que se están viendo envueltos en los casos de corrupción que han salpicado a la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares o Castilla y León. Pero lo cierto es que la medida resulta desconcertante frente a un PSOE que procede a expulsar a sus cargos en cuanto resultan imputados o el fiscal pide cárcel.

Además, los socialistas no han hecho más que pedirle al PP en repetidas ocasiones un pacto contra la corrupción urbanística. Rajoy siempre lo ha rechazado. Pero no por ello, dicen en desde el Grupo Parlamentario Popular, se despreocupan. Recuerdan que en julio presentaron una proposición no de ley en la que pedían el endurecimiento de las penas por los delitos vinculados a la corrupción urbanística, mayores medios para combatirla y que los bienes  decomisados se destinaran a fines de interés general y se traspasaran a las corporaciones locales afectadas.

Miembros del Comité Ejecutivo Nacional defienden que esta norma, no recogida anteriormente, se incluyó precisamente para dar 'otra garantía más'. Desde la sede del PP no hacen más que insistir en la 'presunción de inocencia'. Explican que lo que no quieren es culpar a alguien y que luego se demuestre que era inocente.

Pero los conservadores no aplican sus propias directrices. La prueba de ello es que hace tan solo unos días se podía ver al ex alcalde de Vila- real Manuel Vilanova, dando una rueda de prensa junto a Andrea Fabra. Vilanova, que fue condenado por un delito de prevaricación por el Supremo en 2006, abandonó su cargo municipal pero no la presidencia local del PP.

Al pedir explicaciones al PP valenciano, Ricardo Costa afirmaba que no se le pensaba expulsar porque su gestión había sido 'ejemplar'. La mano derecha de Camps incidía en que las competencias de permanencia en las estructuras del partido no sólo dependían de su partido sino que también eran decisión de la dirección nacional. Mientras él lanzaba la pelota al tejado de Génova, Carlos Fabra le daba a la historia otra vuelta de tuerca al argumentar que no hay sentencia firme hasta que no se pronuncia el Tribunal de Estrasburgo.

El presidente del PP de Castellón insiste en que los cargos del partido 'tienen derecho a agotar todas las vías judiciales'. Un planteamiento que retrasaría aún más la adopción de medidas disciplinarias.

En el PP también se saltan otro artículo que ya figuraba en sus antiguos Estatutos. En este se establece que al conocerse 'la existencia de hechos o conductas de afiliados en el ejercicio de cargo público que pudieran ser éticamente reprobables o comprometieran el honor o imagen del PP' se encargaría tramitar 'un expediente informativo'. Si alguien pregunta si se ha activado la maquinaria en este sentido, sólo se obtiene por respuesta un  incómodo silencio.

Desde la dirección del PP afirman que el trato que su partido le ha dado a la corrupción siempre ha sido 'impecable' y que así seguirá siendo en el futuro. Pero para todos sus dirigentes es tema tabú. No lo quieren abordar en público. Y hasta en privado lo sortean.  

Atrás ha quedado el Código Ético del PP de abril de 1993. En este documento los conservadores pedían a sus cargos públicos que se comprometieran a 'comunicar a la dirección del partido y a poner a su disposición el puesto público que desempeñaran si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pudieran derivarse indicios racionales de comisión de un delito'.

No era el único control. También se sostenía que sería motivo de expulsión inmediata 'la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros'. Los tiempos han cambiado y los Estatutos se imponen por encima de dicho código.