Los cimientos sobre los que el PP había construido su defensa cerrada de Enrique López como candidato al Tribunal Constitucional (TC) flaquean. Ayer se adelgazaron aún más, de forma notable.

El informe de idoneidad de los servicios jurídicos del Senado concluye –sin marcarlos explícitamente– que deberían quedar fuera los candidatos que no cumplan un requisito básico exigido por la Constitución, los “más de 15 años de ejercicio profesional”. Y López, ex vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es uno de los aspirantes cuestionados. De la lista se caerían, por la misma razón, otros dos pretendientes del TC, Juan Carlos Campo, postulado por el PSOE, y José Luis Aurtenetxe, propuesto por el PNV.

La consecuencia directa de las dudas que vierte el documento es el retraso. Otro más. Y eso que el Senado tiene pendiente la renovación de cuatro magistrados del TC desde diciembre. El bloqueo hizo que ayer PP y PSOE miraran a la Moncloa, a la reunión de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Ellos eran los únicos que podían deshacer la parálisis. Pero nada se avanzó. Ambos acordaron darse “unos días” para “seguir hablando”. Es más, del tema apenas conversaron “treinta segundos”, precisó el líder del PP. Zapatero explicó poco más, salvo que cabían varias opciones: una llamada a Rajoy, otra cita en la Moncloa o delegar el asunto en manos de emisarios de PP y PSOE.

La Mesa del Senado había requerido a los letrados hace 15 días que redactasen un dossier sobre los 23 candidatos elegidos por los parlamentos autonómicos. Dos de ellos, López y Francisco José Hernando  –ex presidente del Supremo y del CGPJ– fueron los únicos aspirantes promovidos por el PP en nueve comunidades. Y los dos son repudiados por el PSOE por haber cuestionado leyes estrella de la pasada legislatura sobre las que el TC debe dictar sentencia en los próximos meses, caso del Estatut o los matrimonios gays.

Los juristas trasladaron ayer a la Mesa un documento de 28 páginas, al que ha tenido acceso Público. En él despejan las dudas sobre cómo contabilizar los 15 años de profesión que mandata el artículo 159. 2 de la Carta Magna. “Solo se pueden computar los años de ejercicio activo y, por consiguiente, se deben excluir los que puedan haber transcurrido en situaciones administrativas como la excedencia o los servicios especiales”.

Los letrados se apoyan en tres patas. La primera, la gestación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). En su tramitación en 1979, el Congreso añadió una coletilla que ahora se ha visto fundamental: sólo pueden ser jueces del TC los “magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función”.

En segundo lugar, es la doctrina del Tribunal Supremo la que aclara qué se entiende por “ejercicio en activo”. El TS se vio obligado a hacerlo cuando rechazó en 1994 el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general. Determinó entonces que el periodo en el que un candidato se halle en servicios especiales no puede ser computado como ejercicio en activo. Así que no valen los años que un aspirante pase en el CGPJ –como vocal o incluso como letrado– o desempeñe un cargo político en un gobierno autonómico o en el Ejecutivo central. Lo explicita el artículo 351 de la LOTC.

Eso pesa sobre López y Campo, que atesoran menos de 15 años de profesión si se les descuenta el tiempo que han pasado en el CGPJ. Además, a Campo y a Aurtenetxe se les restaría su permanencia en puestos de responsabilidad en los Gabinetes andaluz y vasco, respectivamente.

La doctrina de los expertos es la tercera pata. Y apuntala los dos argumentos anteriores, según los servicios jurídicos.

Conclusión: hay dudas sobre algunos candidatos. Los tres citados, reconocen abiertamente PSOE y PP. La salida oficial es requerir más documentación a las comunidades que les han propuesto. La Mesa del Senado dará ese paso el martes 21.

“Nos agarraremos al informe para vetar a López. Ahora, con más razón”, explicaban ayer fuentes socialistas.

Enrique López

Le postuló el PSOE en el Parlamento andaluz. También incumpliría el requisito de los 15 años en activo. Solo le cuentan los diez años de juez (1987-1997). Desfiló por distintos destinos: Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Jerez, y, ya en 1991, en la Audiencia Provincial de Cádiz. Se declara a Campo en situación de servicios especiales en 1997, cuando se convierte en director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta andaluza. De 2001 a 2008, fue vocal del CGPJ.  

Juan Carlos Campo

Le postuló el PSOE en el Parlamento andaluz. También incumpliría el requisito de los 15 años en activo. Solo le cuentan los diez años de juez (1987-1997). Desfiló por distintos destinos: Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Jerez, y, ya en 1991, en la Audiencia Provincial de Cádiz. Se declara a Campo en situación de servicios especiales en 1997, cuando se convierte en director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta andaluza. De 2001 a 2008, fue vocal del CGPJ.  

José Luis Aurtenetxe 

El candidato del PNV tampoco pasaría el filtro. Aurtenetxe se incorporó a la Asesoría Jurídica de la mutua vasca Lagun-Aro en 1982. Al año siguiente, comienza su tiempo de ejercicio profesional, ya que entonces fue nombrado letrado mayor de las Juntas Generales de Vizcaya, puesto que sigue desempeñando hoy. Pero en su trayectoria hay un paréntesis, de 1987 a 1999. En ese lapso, pasó por tres direcciones generales del Gobierno vasco (Desarrollo Autonómico, Asuntos Europeos y Régimen Jurídico).