El colapso que vienen arrastrando los juzgados españoles en los últimos años y que amenaza con convertirse en un déficit crónico tiene solución: que los gobiernos comiencen a valorar este problema como una prioridad real.

Esa es la opinión del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), que hizo este martes público su informe sobre la situación de la justicia en 2008. La entidad exige de forma contundente un mayor compromiso de las administraciones, que debe traducirse en más recursos económicos, tecnológicos y humanos. Según sostienen, el aumento de un 10% en la partida destinada a la Justicia en los próximos presupuestos no bastará.

'Es un aumento totalmente insuficiente. Es el momento de demostrar que la Justicia es realmente una prioridad para las distintas administraciones', manifestó la decana del ICAB, Sílvia Giménez-Salinas, que instó a la Generalitat a aumentar el presupuesto de Justícia en un porcentaje superior.

No fue la única crítica que expuso el ICAB, que asegura en su informe que la situación de saturación de los juzgados es 'muy precaria' en palabras de Giménez-Salinas. La decana auguró que, a este ritmo, la Justicia reaccionará al aumento de actividad judicial que provocará la crisis 'en un tiempo no razonable', en perjuicio de las personas que recurren a los tribunales para solucionar sus problemas.

Según esta entidad, en los últimos meses ya se ha notado un aumento de los nuevos litigios en los tribunales de lo social -relacionado con los despidos y otros conflictos laborales- y de lo mercantil -ámbito económico y empresarial-, que se unirán a la situación ya compleja que sufren los juzgados de los contencioso-administrativo, que se ocupan de los problemas con la administración. En los juzgados de lo penal también se prevé un aumento, y solo las causas civiles -entre las que se cuentan los divorcios- podrían decrecer en los próximos meses.

Ante esta preocupante situación, el ICAB propone una batería de medidas entre las que destaca la mayor presencia de tecnología en los juzgados. 'Es imprescindible el uso generalizado de estas nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, en el tratamiento de datos, la comunicación y la información', manifestó.

El informe también critica que es imposible conocer cuál es el ritmo de resolución de las causas porque no existe un sistema común de recogida de datos en las distintas instancias judiciales, lo que provoca que una misma denuncia tenga distintos números de referencia. Pese a estas carencias, los datos muestran la lentitud del sistema: una causa de lo contencioso-administrativo tarda 14 meses en atenderse, por siete una demanda civil.

Otra de las propuestas de este colegio es que se haga un esfuerzo por parte de los propios abogados por asesorar a los ciudadanos antes de ir a juicio, apostando por la vía de la mediación y la conciliación. 'Nuestra función no es solo reparadora, sino también preventiva: es fundamental que los usuarios de la Justicia tengan una información veraz de qué comporta ir a los tribunales', añade Giménez-Salinas.

El informe del ICAB propone también que las administraciones orienten su gestión de forma más cómoda para la justicia, que los distintos profesionales del juzgado hagan una formación profesional conjunta para apoyarse mutuamente. A día de hoy, se dan situaciones como que los jueces dependen del CGPJ, los secretarios judiciales del Ministerio, y los funcionarios de las comunidades autónomas.