El Grupo de Juristas 17 de Marzo ha denunciado que el Ayuntamiento de Sevilla ha multado con cien euros a cuatro ciudadanos por 'charlar' en la calle durante 'el silencio de la noche'.

La multa indica que cada una de las cuatro personas reunidas el pasado 19 de julio de 2008 a las tres de la madrugada en la Alameda de Hércules tendrán que pagar una multa de cien euros por una infracción de la denominada Ley Antibotellón que los policías consideran 'leve'.

La resolución de la Policía Local se va a recurrir ante la Agencia Municipal de Multas por parte de estos abogados, que tienen como objetivo la defensa de los derechos humanos y civiles.

Los multados tendrán que pagar cien euros por 'permanecer y concentrarse en unión de personas realizando actividades que ponen en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas', señala la denuncia.

También se precisa que los multados 'colaboraron con el requerimiento policial de cese de dicha conducta. Charlar un grupo de cuatro personas en el lugar reseñado en el silencio de la noche'.

Para la multa, la Policía aplicó la ley 7/2006, conocida como Ley Antibotellón, que fue aprobada por el Parlamento de Andalucía el 24 de octubre y se refiere a 'potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía'.

El Grupo 17 de Marzo de abogados ha expresado su 'preocupación por la creciente inseguridad jurídica' que provoca entre los sevillanos la aplicación de esta ley, que puede producir vulneraciones del derecho de reunión y de libre circulación.

Los letrados proponen al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía que se derogue ese artículo de la Ley o que 'defina claramente lo que es alterar la pacífica convivencia ciudadana, en la que se incluyen desde el vandalismo hasta charlar en la calle'.

También piden que la Policía Local de Sevilla lleve de forma visible el número de identificación, como ocurre con la Policía Nacional y la Guardia Civil, para evitar posibles conductas abusivas, y que los agentes tengan una 'formación integral' en derechos humanos.

Tras animar a los ciudadanos a denunciar este tipo de actuaciones, los abogados señalan que están dispuestos a recurrir esta multa hasta los tribunales de Justicia si las distintas instancias municipales administrativas no les dan la razón.