Qué prefieres, ganar 600 euros al mes o 3.000?', le preguntó un familiar a Jessica cuando llegó a España, hace seis años, desde su Colombia natal. A ella no le costó mucho responder: llegó con lo puesto y con 3.000 euros de deuda a ese familiar 'por los gastos del viaje'. Prefirió prostituirse a limpiar casas.

'Empecé en la calle, en el centro de Madrid, y cuando terminé de pagar la deuda me marché al sur y trabajé en varios clubs', cuenta sentada en un céntrico restaurante chino. 'Hace unos meses que volví otra vez porque todo el dinero es para mí, y me organizo mis propios horarios; en el club una parte de las ganancias era para los dueños', prosigue. Prefirió entonces volver a su esquina de siempre, en la calle de la Ballesta, de espaldas a la Gran Vía de Madrid.

Jessica tiene el pelo rubio a mechas y piercings en la nariz y en el ombligo. Viste de rosa fucsia y tiene la dentadura perfecta. Frente a ella está sentada Gimena, peruana de 25 años, risueña y los ojos negros. 'Nuestras historias son parecidas, porque las dos llegamos aquí con la idea de hallar un trabajo para vivir y enviar dinero a nuestras familias y lo que encontramos fue la calle', describe Gimena.

Eso sí, las dos tienen claro que nada de chulos, ellas mismas son sus 'dueñas y señoras', o por lo menos eso es lo que dicen. 'Hemos visto muchas veces cómo viven otras chicas y no queremos eso', cuenta Jessica. 'A algunas, son sus propios maridos las que las obligan a prostituirse; en cuanto cobran les cogen el dinero, las humillan y las hacen ir vestidas con tan poca ropa que no sé cómo pueden soportar el frío en invierno', explica Gimena, quien, a las cinco de la tarde, viste vaqueros, cazadora y unas zapatillas de deporte. 'Con todo el tiempo que estoy de pie, más vale que no lleve zapatos de tacón...'.

Precisamente, por el miedo que han visto en otras compañeras prostitutas, dudan de la eficacia del futuro Plan contra la trata con fines de explotación sexual, cuyo borrador presentó el pasado martes la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

A ellas no hay que explicarles nada. Jessica y Gimena han visto la noticia por la televisión y tienen dudas, sobre todo respecto al plazo de 30 días que tendrán las víctimas para denunciar una vez hayan logrado escapar de la red.

-'Cuando pase el mes ¿qué pasará con ellas?, pregunta Gimena.

-'Pues que si no cooperan y no denuncian, las expulsarán', le contesta Jessica con la lógica de quien ha estado varios años viviendo en España sin tarjeta de residencia.

-'Si yo estuviera en su lugar, no denunciaría. Yo, prefiero que me deporten', reflexiona rotunda Gimena, y ella misma se responde: 'Vale que aquí en España darían a estas chicas protección, dinero... ¿Qué pasa con los familiares que viven en sus países? A ellos ¿quién les protege?'.
Jessica asiente. Las dos pasan muchas horas en la calle, se conocen y saben lo que ocurre alrededor: han oído 'cosas', conocen casos, han visto peleas. 'Muchas de las chicas llegan engañadas y luego tienen que pagar a la mafia y trabajar para que no maten a sus familias', explica Gimena. Por eso, el sitio en la calle se paga caro y se disparan las tensiones. Jessica tiene un juicio pendiente 'con una marroquí' por una pelea en plena calle.

'Las marroquíes tienen mala leche', dicen las dos. El otro día vieron a otras chicas nigerianas agredir 'a una nueva' que quería coger sitio. 'Se tiraban de los pelos, tuvo que venir la policía '.

-'No hay clientes para todos, solo para las que tienen suerte', afirma Jessica.

-'Desde hace dos meses está mala la cosa', agrega la otra.

Tanto Gimena como Jessica cobran 30 euros por irse con un cliente un cuarto de hora. 'Por la habitación en el hostal pagamos cinco euros, pero el resto es para nosotras', explica Jessica. Trabajan por la tarde, a partir de las cinco y se quedan, normalmente, hasta las diez de la noche. 'A veces yo me voy antes porque empieza a hacer frío', puntualiza Gimena
Los fines de semana 'hay más trabajo' y la jornada, entonces, se alarga. 'Hay días que estamos muchas horas', contesta Jessica mientras mira de reojo a su compañera. 'Si necesitamos mucho dinero podemos estar hasta la madrugada', agrega. Los horarios pueden cambiar en función del número de clientes, pero dicen que pueden sacarse al mes entre 1.500 y 3.000 euros en dinero negro.

'Yo estaría encantada de pagar la Seguridad Social, de dar cuentas a Hacienda con tal de que no nos molesten', reclama Jessica. 'Yo no lo tengo claro, ¿para qué pagar impuestos? Yo quiero envejecer en mi país, irme algún día de aquí...', le responde Gimena. Ella tiene en Perú a su hijo de ocho años: 'Está al cuidado de mi madre, a la que le mando unos 200 euros al mes'. De momento, no quiere traérselo, porque no le gusta la educación española, a la que tilda de 'demasiado liberal'.

'Los niños han perdido el respeto a los padres y fuman desde muy jóvenes, eso no me gusta', reflexiona. Ninguna ha coqueteado con las drogas, dicen, tan solo prueban de vez en cuando el alcohol.

Las dos chicas siempre han frecuentado la misma zona, los alrededores de las calles de Desengaño y Ballesta, en pleno centro de Madrid. Conocen de sobra, porque lo han vivido, las patrullas constantes de la Policía Municipal, una de las medidas del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, para tratar de sacar a las meretrices de las calles cercanas a la Gran Vía.

Jessica menciona el ejemplo de Holanda. '¡Eso está muy bien!', salta y le explica a Gimena de carrerilla cómo trabajan allí las prostitutas. 'Tienen sus propias habitaciones, con su lavabo, no tienen que estar esperando en la calle muertas de frío porque los clientes las ven a través de los cristales y les haces revisiones médicas y tienen seguridad social'. Su compañera la escucha con los ojos muy abiertos, y asiente, 'Sí, sí... ¡eso estaría bien!'.

'Pero en Holanda sólo se puede entrar si somos legales', le contesta la otra. Entonces Gimena suelta un 'ah' y se encoge de hombros. Ahora, dice, su permiso de residencia está en trámite, pero hace cuatro años llegaron a expulsarla por no tener la documentación en regla. Estuvo en Perú una temporada y regresó.

Jessica no tiene pareja. Gimena sí, es un chico colombiano 'que no se entera', y se le escapa una risa.

-'No me lo nota, es que salgo de casa en ropa deportiva', dice.

A Jessica se le escapa una exclamación. '¿Y si se entera?'.

-'Pues no creo que le gustara nada de nada...'.

Se desconoce el número exacto de las mujeres que en España son víctimas de las redes con fines sexuales. Pero la Guardia Civil identificó en 2006 a 19.415 mujeres víctimas de explotación sexual, según recoge un informe elaborado a primeros de año por la Federación de Mujeres Progresistas. La cifra podría ser el doble según admiten en el Instituto Armado.

Lo que llama aún más la atención es que, de esas mujeres localizadas, tan sólo 172, cuatro de ellas españolas, decidieron presentar una denuncia, es decir poco más del 10%. La mayoría de las extranjeras que se decidieron a dar nombre y apellidos de sus explotadores es de Rumanía. Y eso que más del 60% de esta mujeres procedía de Latinoamérica, pero solo un tercio de ellas denunció.

El estudio de la Federación achaca esta falta de denuncia a que esta no arregla la deuda contraída en el país de origen. Es decir, la reparación del delito no es tan urgente como mandar dinero a casa.

También influye el hecho de que sean inmigrantes sin papeles: tienen gran desconfianza hacia los cuerpos de seguridad por miedo a que las detengan y sean expulsadas del país.

Las amenazas de las mafias a las chicas no caen en saco roto y el último ejemplo de que pueden acabar haciéndose reales se conoció la semana pasada. En Barcelona fueron detenidos dos hombres acusados de explotar a una menor de edad. La mujer consiguió escapar de la red, pero a los dos años volvió a recibir amenazas. En su Nigeria natal, la Policía supo a través de Interpol que su padre había sido asesinado.

Para la Federación de Mujeres Progresistas, la prostitución y en concreto la explotación de mujeres con fines sexuales es una forma de violencia. Y esta violencia, aseguran, radica en las desigualdades entre hombres y mujeres. Por este motivo reclaman que a las víctimas se les aplique la Ley Integral de Violencia de Género.