El éxito o el fracaso de una operación contra ETA depende, en muchos casos, de pequeños detalles. Una llamada pinchada. Un mensaje interceptado. Un papel encontrado con instrucciones. Por ello, la Jefatura Superior de Policía de Bilbao ha decidido actuar con toda dureza contra cinco agentes de la Brigada Provincial de Información de la capital vizcaína que olvidaron escuchar, precisamente, uno de esos pequeños detalles. En concreto, las conversaciones grabadas a un sospechoso de formar parte de la estructura del comando Vizcaya, según han confirmado a Público diversas fuentes policiales.

Al parecer, en una de esas grabaciones se oía a uno de los integrantes del grupo terrorista que dirigía el liberado Arkaitz Goikoetxea Basabe, Dulantzi –detenidos por la Guardia Civil el pasado 22 de julio– dar instrucciones a uno de sus colaboradores. Los policías encargados de dicha investigación no escucharon dicha conversación hasta el pasado mes de agosto, cuando ya habían pasado semanas desde que el grupo fuera desarticulado. Algunas fuentes apuntan que los datos recogidos en dicho diálogo hubieran facilitado la captura del etarra y del resto del grupo.

Los cinco agentes sancionados son el inspector J.L.V., una subinspectora y los policías A.C.P., M.M.T. y M.F.C., todo ellos integrados en el Grupo II de la Brigada Provincial de Información de la capital vizcaína. Según fuentes policiales, serán recolocados en las próximas semanas en otras brigadas de la Jefatura Superior de Policía que no tengan nada que ver con la lucha antiterrorista.

Altos mandos policiales consultados por este diario añaden que el olvido del pinchazo no fue, de hecho, el único error que cometieron, y añaden que tampoco hicieron todos los seguimientos que una investigación de esa envergadura –se buscaba al entonces comando más activo de ETA– requería. “El cese ha sido motivado por falta de diligencia en sus funciones”, añade otra fuente policial.

El comando Vizcaya había sido hasta su desarticulación en julio el autor de gran parte de los atentados de ETA desde que ésta rompiera formalmente el “alto el fuego permanente”. Entre las acciones que se adjudican al grupo desarticulado se encontraban la colocación de los coches bomba contra los cuarteles de Durango, Calahorra y Legutiano, atentado este último que costó la vida al guardia civil Juan Manuel Piñuel. Por ello, tanto la Policía como el instituto armado habían colocado su desarticulación como uno de sus principales objetivos y dedicaron numerosos agentes a las pesquisas.

Ambos cuerpos policiales consiguieron, de hecho, datos sobre los integrantes legales –no fichados– de la estructura del grupo, pero fue finalmente la Guardia Civil quien encabezó el operativo ya que fue la primera en localizar al liberado. Así, finalmente, en la madrugada del 22 de julio procedieron a la detención de Goikoetxea y de una decena de colaboradores, en una operación que permitió descubrir varios zulos con explosivos.

El cese de los cinco agentes ha levantado, sin embargo, ampollas en el sindicato Confederación Española de Policía (CEP), a la que pertenecen al menos tres de los cesados. El secretario general de esta organización, Ignacio López, calificaba ayer a Público la medida de “arbitraria” y destacaba que los sancionados llevaban 23 fines de semanas seguidos trabajando y, además, uno de ellos se encontraba de permiso de paternidad.

López, que aseguró haberse desplazado recientemente a Bilbao para abordar con el máximo responsable policial en esta provincia la situación de los cinco policías, anunció ayer a este diario la intención de su sindicato de presentar una demanda “por vulneración de los derechos fundamentales” de los agentes. Para la CEP, la sanción no es sino una represalia por las actividades sindicales de ellos y niega la existencia de ninguna negligencia por su parte.

Una acusación que niegan todos los mandos policiales consultados: “No hicieron su trabajo y por ello se les cesa, simplemente”, concluye tajante uno de ellos.