El régimen de terror impuesto por la dictadura franquista silenció el horror vivido por cientos de miles de familias desde el mismo 18 de julio de 1936. Ese sábado de verano, media España cayó en manos de una sublevación militar. La sangría de los primeros momentos fue feroz. Todo había sido diseñado para alcanzar un éxito rápido y definitivo. Para cortar el mal de raíz. La guerra acabó alargándose tres años, pero la huida hacia adelante de los fascistas durante los tres primeros meses llegó a eliminar a más de cien mil personas, según los datos de una decena de investigadores de la represión.

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, estudia ahora la manera de considerar si ese fenómeno constituye un crimen de lesa humanidad. La cifra global de víctimas que consta en los informes del juez es de 136.000. Para los historiadores que han investigado en profundidad cada provincia, no hay duda. 'Ya basta de teorías del laberinto español, de odios familiares, rencillas personales... España fue campo de batalla del fascismo europeo con un exterminio en toda regla'. Es la opinión de Francisco Moreno, historiador que ha peinado la provincia de Córdoba, donde ha censado 11.581 personas muertas a manos
de los sublevados.

Matanzas sistemáticas

Moreno y otros estudiosos de la represión franquista en Andalucía, como Francisco Espinosa, no se basan sólo en los miles de cuerpos localizados en fosas comunes. También aportan pruebas de los responsables de esas matanzas sistemáticas. '¡Esto se acaba! Lo que más durará son diez días. Para esta fecha, es preciso que hayas acabado con todos los pistoleros y comunistas', le espetó en un mensaje el general Queipo de Llano al general al mando de los sublevados en Cádiz, José López Pinto, el 4 de agosto de 1936.

Los historiadores han revuelto en los últimos 30 años registros civiles, archivos militares, censos penitenciarios, libros parroquiales... Miles de documentos estratégicamente ocultados o eliminados -como los archivos de Falange Española- por un régimen que trató de ocultar una masacre a la opinión pública internacional. Ahora, gracias en parte a una tercera generación que no ha crecido con el miedo, esos documentos se encuentran en decenas de asociaciones de represaliados desperdigadas e inconexas. La unificación de esa información es una de las tareas que acaba de emprender Garzón.

Desde el 1 de abril de 1939, en España sólo había una matanza oficial como consecuencia del enfrentamiento: Paracuellos del Jarama. El régimen exhumó y devolvió a sus familias los cuerpos de miles de fusilados por los republicanos. Excepto en el caso de Paracuellos del Jarama, donde mantuvo la fosa para apuntalar la versión del terror
unilateral rojo.

Estrategia de eliminación

Más de siete décadas después, el juez Garzón tiene en sus manos documentos que prueban que el plan de los sublevados obedeció a una estrategia sistemática de eliminación del adversario. El general golpista Emilio Mola ordenó el 25 de mayo de 1936 en su instrucción reservada nº1: 'Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas'.

La virulencia del general Mola -que dirigió a los soldados del bando nacional por la zona norte- explica que en autonomías como Castilla y León, Navarra, La Rioja o Galicia, donde el frente de guerra quedó lejos, se haya encontrado en sus cunetas decenas de miles de cuerpos enterrados. Solamente en el caso de Burgos el número de fusilados censados ha crecido en más de 1.000 personas en una década. Ya hay 2.500 cadáveres que han pasado a ser cuerpos con nombres, apellidos y familiares que pueden honrarles.