Con la sola excepción de Público, el Presidente Chávez es retratado por los medios dominantes de la prensa española en los tintes más denigrantes. La ocasión de la presencia del Primer Mandatario venezolano en España es ocasión propicia para pasar revista a las acusaciones que con más frecuencia se vierten en su contra.

Prevalece, en primer lugar, el planteamiento de que se trata de un autócrata. Ello contradice la evidencia de catorce procesos electorales celebrados en el transcurso de los últimos nueve años. Procesos auditados y declarados cabalmente limpios y legítimos por instituciones tales como la UE, la OEA y el Centro Carter. Contradice, a la vez, la propia percepción que sobre su democracia tienen los venezolanos.

Año tras año la más reputada encuestadora latinoamericana, la chilena Latinobarómetro, ha venido reflejando los niveles de satisfacción con el funcionamiento de sus democracias que muestran las poblaciones de América Latina. De manera reiterada Venezuela y Uruguay encabezan dicha lista con puntajes muy superiores al promedio regional. El haberse sometido a un referéndum revocatorio y el haber reconocido de manera inmediata una derrota electoral de apenas 1,4 por ciento de los votos emitidos, en ocasión del referéndum sobre la reforma constitucional, deberían bastar para demostrar el impecable talante democrático del Presidente Chávez.

La noción peyorativa de populista que pesa sobre él, viene en segundo lugar. Ello implica desconocer la inmensa deuda social que existía con la mayoría de la población venezolana. Entraña, a la vez, una profunda insensibilidad social que tiende a identificar los beneficios extendidos hacia amplias capas de la población con simples manifestaciones de populismo y clientelismo político.

La declaratoria por parte de la UNESCO de la eliminación del analfabetismo en Venezuela en 2005; la confirmación por parte de CEPAL de que entre 2002 y 2006, Venezuela redujo la pobreza en 18,4 puntos porcentuales y la indigencia en 12,3 puntos; la información proveniente del PNUD según la cual Venezuela alcanzará anticipadamente las metas del milenio; el incremento en 1.119.992 en el número de alumnos incorporados a la educación superior, entre 1997 y 2007, según cifras del Instituto de Educación Superior de Venezuela -por sólo citar algunos pocos indicadores- aparentemente carecen de todo valor sustantivo para la mayoría de los medios españoles.

En tercer lugar se insiste en la violación sistemática de los derechos económicos adquiridos. Ello pasa por alto que sólo cuatro sectores de la economía venezolana han sido objeto de la adquisición de paquetes accionarios mayoritarios por parte del Estado, al considerárselos como palancas de desarrollo para el conjunto de la economía nacional. Se trata de los hidrocarburos, la electricidad, la telefonía fija y el cemento (en adición a una empresa siderúrgica).

Se olvida, en el caso del petróleo, que éste había sido nacionalizado en 1975 y que su apertura a la inversión extranjera sin modificación de la normativa legal existente y sin aprobación legislativa de ninguna especie, durante los noventa, constituyó una violación del ordenamiento legal. Fue el gobierno del Presidente Chávez quien creó las bases legales que posibilitaron la inversión privada en este campo, sólo que condicionada a la presencia de mayoría accionaria por parte del Estado. La adquisición a valor en libros y mediante negociación, de parte de los paquetes accionarios de los consorcios privados que operaban en este renglón, no constituyó una violación de las normas legales preexistentes, sino una simple adecuación a la ley.

En cuarto lugar está el tema de la crisis económica desatada por su gestión. Contraviniendo el peso de una evidencia superlativa, se presenta el cuadro de una economía sometida a profundos problemas. Ello hace abstracción de que a lo largo de dieciocho trimestres consecutivos, la economía venezolana ha venido creciendo a un promedio superior al 10%. Cuando se reconoce este crecimiento, cosa inusual, se lo atribuye al simple expediente de los abultados precios del petróleo, sin considerar que de las diversas economías petroleras del mundo, sólo la venezolana muestra niveles tales de crecimiento.

En quinto lugar está el supuesto de un Presidente empeñado en armar a su nación hasta los dientes, transformándose en una amenaza para sus vecinos. De acuerdo a la Red de Seguridad y Defensa de América Latina el presupuesto de defensa de Venezuela es apenas del 1,39% de su PIB. Es decir, una cifra inferior a la media regional.

En sexto lugar nos encontramos con la identificación que se hace entre el Presidente Chávez y las FARC. La supuesta información contenida en los ordenadores que presumiblemente pertenecieron a Raúl Reyes, ha desatado una manipulación mayúscula en contra de Chávez.

Nos remitimosa a la carta abierta del 27 de abril por veintiún catedráticos norteamericanos: “El análisis independiente de los documentos indica que se ha exagerado de manera sustancial el contenido de estos documentos…La interpretación colombiana ha probado ser tan débil que la semana pasada el Señor José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, al rendir testimonio ante el Subcomité de la Cámara de Representantes encargada de Asuntos del Hemisferio Occidental, indicó de manera inequívoca que ‘no existe evidencia’ que vincule a Venezuela con los rebeldes colombianos”.

Lo cierto es que una inmensa mayoría de los venezolanos, según lo evidencian las encuestas, se siente satisfecha con su Presidente, con su democracia, con las políticas sociales del gobierno, con la marcha de la economía y con el futuro de su país. ¿Por qué, entonces, la prensa española se considera con mayor derecho que la propia población venezolana para dictaminar acerca de lo que ocurre en Venezuela? ¿Por qué esta minusvaloración de los venezolanos, de su buen juicio y de sus decisiones?

Alfredo Toro Hardy es autor y embajador de Venezuela en Madrid.