El 58 por ciento de los italianos está a favor de que la inmigración ilegal sea tipificada como delito, tal y como aprobó el miércoles, en un proyecto de ley, el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Silvio Berlusconi, según los resultados de una encuesta que publica hoy el diario "La Repubblica" en su página web.

El sondeo, realizado por la IPR marketing entre mil personas, señala que la mayoría de los ciudadanos respaldan las nuevas medidas en materia de seguridad aprobadas por el Ejecutivo en su primera reunión celebrada ayer en la ciudad de Nápoles (suroeste).

La tipificación de la inmigración ilegal como delito prevé el arresto en flagrancia, un juicio rápido y una pena que va de seis meses a cuatro años de cárcel.

Un 63% de los encuestados se dijo a favor de que los ciudadanos comunitarios puedan permanecer en el país más de tres meses sólo si demuestran que tienen ingresos suficientes procedentes de una actividad lícita e informan de su presencia con nombre y domicilio.

La posibilidad de alejar a los inmigrantes, incluso de la Unión Europea, por "motivos imperativos de seguridad pública", si han tenido comportamientos que suponen "una amenaza concreta, grave y efectiva" o no han notificado su presencia, cuenta con el visto bueno de un 61% de los entrevistados.

El 56%, por su parte, apoyan que el reagrupamiento familiar de los inmigrantes que lo soliciten se compruebe a través de pruebas de ADN.

En cuanto a las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros como decreto ley, un 76% apoya que ser inmigrante clandestino se considere un agravante cuando se comete un delito, con una aumento de la pena en un tercio.

La prevista confiscación de las casas que sean alquiladas de manera irregular a inmigrantes clandestinos, con multas de hasta 50.000 euros para el propietario, logra el apoyo del 58% de los encuestados.