'Peligro de privatización, Esperanza Aguirre pensando”. Consignas de este tipo decoran sobre telas blancas la puerta principal del ambulatorio madrileño de Pontones. Denuncian que la gestión del centro pasará a manos privadas, tal y como establece el concierto que la Comunidad firmó en secreto hace dos años con la multinacional Capio, propietaria de la Fundación Jiménez Díaz y de otros tantos hospitales. El acuerdo también afecta al centro vecino de Quintana.

Sin saber cuál será su destino laboral, día tras día, los trabajadores de Pontones se concentran a mediodía a las puertas del edificio. “Con la sanidad alguien se va a forrar”, reza una de sus pancartas. Estos carteles serían trasladables a cualquier protesta en la Comunidad Valenciana.

Los valencianos fueron pioneros en ver como la Generalitat no sólo acordaba con la empresa privada la construcción y gestión de sus hospitales (como ha hecho Aguirre en los seis centros que inauguró el pasado de febrero) sino que los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps también dejaron en manos de aseguradoras y cajas de ahorros la contratación del personal.

El hospital de Alzira, pionero

En 1999 la Generalitat inauguró el hospital de La Ribera, en la localidad valenciana de Alzira. Con él, puso en marcha un modelo de gestión que se ha reproducido por la geografía valenciana y ya tiene un clon en Madrid, el hospital Infanta Leonor de Valdemoro.

Como el de Alzira y Valdemoro, los hospitales valencianos de Torrevieja, Dénia, Manises y Elx-Crevillent, también los gestionan empresas privadas, que a su vez se encargan de contratar al personal, a cambio de una cuota mensual. El caso valenciano tiene un detalle significativo a añadir al madrileño: cada Unión Temporal de Empresas (UTE) que se ha creado para gestionar cada hospital, también controla la atención primaria y los centros de especialidades de toda su área. Eso afecta a un 20% de valencianos (un millón), explica María José Mendoza, de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública.

Si bien es cierto que de momento el cambio de gestión no ha afectado al bolsillo del paciente la tendencia creciente incita a la duda: si la empresa privada actúa para obtener beneficios, ¿está en peligro la calidad del servicio sanitario?

Marisa no se lo plantea. “Mientras yo no pague y me traten bien, me da igual que la gestión sea pública que privada”. Lo dice sentada en uno de los asientos acolchados de la cuarta planta del ambulatorio madrileño de Pontones, una estancia que la empresa Capio inauguró hace 15 días.

“Una vergüenza”

Dos plantas más abajo, las paredes ni están revestidas de madera ni sostienen televisores de plasma. Excepto la cuarta planta, el resto del edificio, aún no cedido a Capio, continúa tan gris como se construyó en la década de 1950. Allí espera su turno Mercedes de Blas. “No todo es la imagen. Es una vergüenza”, critica.

En la planta baja Begoña Solís y su marido, Miguel Ángel Elejalde, firman la lista que un celador custodia. “Ya tenemos cuarenta y tantas mil firmas para que no privaticen”, dice éste. “¿Qué pasará dentro de unos años, cuando tengamos que pagar por la sanidad?”, se indigna Begoña. “Las empresas viven de sacar dinero a costa de atrasar las consultas, y eso lo pagamos los curritos con nuestros impuestos”, se enerva su marido.

“El paciente tiene que pedir que haya honestidad, que el sistema público defina qué puede cubrir y qué no”, destaca el presidente del Foro de Pacientes, Albert Jovell, “a título personal”. “Lo que se debe pedir es que se garantice la cobertura sanitaria universal gratuíta, que no tiene por qué estar en peligro”, defiende.

Pero cuando se habla con sanitarios es fácil entender por qué se oponen a la privatización de hospitales y ambulatorios. Y no es por miedo a perder su trabajo, en el peor de los casos serán reubicados. “Muchas pruebas diagnósticas, como ecografías, tacs y operaciones de cadera, se mandan a clínicas privadas concertadas, para reducir las listas de espera. El sistema público está perdiendo potencial”, explica Paloma Casado, vicepresidenta de la sociedad de médicos de familia Semergen.

Otro ejemplo: el hospital de Valdemoro no hará pruebas radiológicas a sus pacientes derivados porque, según un correo electrónico de su jefe de admisión de personal, este servicio “no entra en el concierto”. “¿Qué concierto? ¿No dice Aguirre que el hospital es público?”, critica Ángel Navarro, médico del Sindicato Asambleario de la Sanidad.

Otro de los problemas crecientes que denuncia la doctora Casado es que aunque muchas operaciones de rodilla se derivan a clínicas concertadas, la sanidad pública acaba asumiendo la rehabilitación y las posibles complicaciones.

Las denuncias no cesan. Según Santiago Rojo, técnico superior de laboratorio, todas las pruebas de laboratorio de Madrid las hará una empresa privada. Y otra más, que el nuevo  Hospital del Tajo, en Aranjuez, no dispone de recursos para esterilizar el material médico. “¿Qué pasará si hay una emergencia?”, se preguntan en CCOO. La última de Esperanza Aguirre ha sido desmantelar la Dirección General de Salud Pública, donde trabajan los responsables de prevenir riesgos para la salud.