Una mayoría de cuatro consejeros –que fueron nombrados a propuesta de PP, Vox y Ciudadanos– de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha tumbado este jueves en un pleno un informe sobre la gestión hídrica de Doñana, según ha recabado Público en fuentes del organismo que fiscaliza a la Junta de Andalucía.

Es muy infrecuente, rarísimo, que la Cámara rechace la aprobación de un informe, según aseguran a Público fuentes solventes. El tema de Doñana y su gestión está en la primera línea política desde que PP y Vox presentaron una ley que permite la ampliación de los suelos regables en el entorno del Parque Nacional.

El trabajo era crítico con la gestión de la administración autonómica, no sólo con el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, sino también con los anteriores. El informe, llamado "fiscalización operativa, con enfoque evaluador, de la gestión de los recursos naturales del Espacio Natural de Doñana por la Junta de Andalucía: especial análisis de la evolución de regadíos y el impacto en los recursos hídricos", refleja, básicamente, el avance de las tierras de regadío y el mal estado químico y cuantitativo de las aguas, algo ya constatado por todos los operadores científicos.

El trabajo no pudo determinar el grado ni los abusos en la sobreexplotación de los acuíferos, porque no se ha proporcionado información, aunque se pidió, y también reflejaba algún grado de laxitud y lentitud en la inspección y en las sanciones que se han aplicado al respecto de la gestión del agua, hasta donde ha podido saber Público. Además, recomendaba a la administración autonómica reducir la explotación y avanzar en la mejora de los acuíferos. En concreto, se auditaban cuatro planes autonómicos sobre Doñana.

Los tres consejeros nombrados a propuesta de los partidos de izquierda –Adelante Andalucía y PSOE– forzaron su inclusión en el Pleno de este martes al considerarlo básicamente terminado y ante la falta de interés de la mayoría por su aprobación. El trabajo estaba en su fase de anteproyecto, solo a falta de darle la oportunidad de alegar a los órganos fiscalizados y su nuevo envío a pleno para, con los cambios pertinentes, convertirlo en definitivo.

El informe había sido incluido en el plan de trabajo de la Cámara de hace tres años y su ponente ha sido el consejero Daniel Albarracín. Hasta ahora, pasado todo este tiempo, no se había tomado una decisión definitiva sobre la conveniencia de su aprobación o no. El informe ya se había tratado antes en Pleno, pero recibió numerosas observaciones.

Informes medioambientales

Habrá previsiblemente un voto particular ante el rechazo de la mayoría a proseguir con el informe. Los argumentos expresados por los consejeros para tumbar el trabajo tenían un barniz técnico, de falta de concreción. Y, en definitiva, según las fuentes, se preguntaban sobre si la Cámara de Cuentas debía emitir informes de este tipo.

En el fondo, según ha recabado Público, una parte de lo que se criticaba es que se hiciera una auditoría medioambiental porque la Cámara, considera la mayoría, debe focalizarse en la gestión de los fondos. Estos informes operativos, sin embargo, están permitidos por el reglamento que regula el funcionamiento del órgano.

La Cámara de Cuentas es un órgano clave de la autonomía y durante los años de Gobierno del PSOE cumplió con cierta profesionalidad con su tarea, con duros y nada complacientes informes sobre la gestión de los fondos públicos, sobre todo en el ámbito de la Consejería de Empleo, epicentro de la corrupción en la etapa de Manuel Chaves como presidente.

La derecha logró en el año 2021 controlar el órgano que fiscaliza, entre otras tareas, el dinero que gestiona la Junta de Andalucía, justo cuando le tocaba supervisar al Gobierno de Moreno.