La Comunidad de Madrid ha experimentado un deterioro alarmante en su servicio de Renta Mínima de Inserción (RMI) a lo largo de los años, una situación que ha empeorado desde que Isabel Díaz Ayuso entró al Gobierno. El desmantelamiento de la RMI, que afecta directamente a miles de personas vulnerables en la región, no es sino un reflejo de la deriva política del Partido Popular (PP) y sus efectos precarizadores sobre los servicios sociales.

Desde que en verano de 2020 entró en vigor el Ingreso Mínimo Vital, la Comunidad de Madrid ha aprovechado para reducir drásticamente esta partida (RMI), que entonces era de 166,9 millones. Cabe destacar que casi el 70% de las beneficiarias del RMI son mujeres, lo que pone de manifiesto la feminización de la pobreza una vez más.

Los últimos datos disponibles a los que ha tenido acceso Público son desoladores: solo 1.122 personas fueron perceptoras de la renta mínima en el mes de marzo. Una cifra ínfima en comparación con los más de 37.000 beneficiarios que existían en años anteriores a la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El incumplimiento de promesas por parte del Gobierno regional agrava aún más la situación. En septiembre de 2022, el Ejecutivo de Ayuso se comprometió a aumentar la cuantía de la renta mínima hasta un 40%, equiparándola al IMV. Sin embargo, la realidad es que la media de esta ayuda sigue sin apenas superar los 400 euros mensuales, siendo la más baja de toda España. 

Durante el año 2023, además, de los 40 millones presupuestados, solo se gastaron 8.658.370 euros, lo que representa una fracción mínima de los fondos disponibles. Peor aún es la situación de este 2024, donde la inversión hasta marzo ha sido de apenas 486.769 euros, lo que proyecta un gasto anual muy por debajo de los 15 millones presupuestados para este período.

Este panorama refleja una realidad preocupante. Como ha denunciado la diputada socialista de la Asamblea de Madrid, Lorena Morales, la renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid se encuentra en un estado de extinción total. La falta de compromiso político y la gestión ineficiente de los recursos precisamente para atender las necesidades de las personas más vulnerables son características de una política social que, a su juicio, prioriza otros intereses por encima del bienestar de la ciudadanía.

"Esos recortes y esa falta de ejecución son a costa del sufrimiento de las personas más vulnerables, de las que más necesitan que el Gobierno regional les tienda una mano para volver a empezar. También de las mujeres que son el rostro de la pobreza en Madrid. De nada sirve ser la región más rica si no apoya a quien más lo necesita. Ayuso no tiene palabra ni corazón", lamenta Morales.

Más dificultades para la integración social

Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN por sus siglas en ingles) apuntan en el mismo sentido, al advertir de que las bajas en la RMI están siendo absorbidas por el (IMV). Sin embargo, aseguran no conocer "el destino que está dando la Comunidad de Madrid a los fondos no ejecutados de la nómina de RMI".

La EAPN afirma que la aprobación del IMV podría haber sido aprovechado para hacer complementarias ambas prestaciones, con una modificación normativa de la RMI en Madrid. En estos momentos, en cambio, ambas prestaciones son incompatibles. "Esta situación dificulta la ejecución de los programas de integración que se desarrollan desde las entidades sin ánimo de lucro", señala la organización.

"Otro dato que nos falta es el número de personas que no están recibiendo ninguna de las dos prestaciones porque tienen suspendida la RMI por estar pendientes de resolver su expediente de IMV. La complementariedad entre ambas prestaciones vendría de apoyar cuestiones fundamentales en nuestra comunidad como el apoyo al alquiler para poder garantizar una vida digna", argumentan las mismas fuentes.