Hasta 11 comunidades autónomas recortaron en dependencia en 2021 pese a que en ese año fallecieron 46.300 personas fallecieron en lista de espera y al incremento de los Presupuestos Generales del Estado para este sistema. Es decir, hasta 11 gobiernos autonómicos se aprovecharon de que el Ejecutivo central destinó más dinero para aliviar las largas listas de espera para reducir el gasto autonómico, en lugar de incrementar la atención a personas dependientes.

Las 11 comunidades que disminuyeron la inversión en dependencia en 2021 respecto a 2020 fueron Canarias, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Cataluña, Aragón, Navarra, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla La Mancha, según ha denunciado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Especialmente "sangrantes" son los recortes en Catalunya (-55,1 millones) y el Canarias (-43,6 millones), "comunidades en las que el año pasado fallecieron en las listas de espera 12.611 y 3.202 personas respectivamente", según la organización.

Además, la asociación recuerda en una nota de prensa que España dejó sin gastar hasta 76 millones de euros en 2021 de los PGE, contemplados en el plan de choque en dependencia aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas. Una cuantía que habría permitido "atender a 13.000 nuevas personas".

"Así, mientras se devuelven 76 millones a las arcas del Estado, las comunidades alivian las arcas autonómicas. 11 de ellas incluso reducen su presupuesto. Se está abandonando sin atenciones a las 396.787 personas que están a la espera de un procedimiento, mientras el tiempo de espera medio es de 421 días", denuncian.

La desigualdad territorial es otro de los problemas estructurales del sistema de dependencia. Las diferencias son abismales: las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son Euskadi (2.310 €), Extremadura (1.774 €) y Navarra (1.500 €), mientras que a la cola se encuentran Canarias (543 €) y Galicia (596€), según los datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Estos datos muestran aún más que ni siquiera el plan de choque del Gobierno y de las comunidades autónomas está consiguiendo que el sistema de dependencia funcione en España. De hecho, recientemente salieron los datos que indicaban que los objetivos no se habían cumplido: en lugar de reducir en 60.000 personas el "limbo de la dependencia", solo se redujo en 38.807 personas. Un 16,7% menos de lo acordado, según los últimos datos del IMSERSO. Incluso siete comunidades incrementaron esa lista de espera.