El vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban
González Pons, se ha reunido este jueves con el comisario europeo de Justicia,
Didier Reynder, para abordar el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. El encuentro ha terminado sin avances porque el PP sigue poniendo condiciones al Gobierno para pactar los nuevos nombramientos. La situación se enquista y Pons lo ha aprovechado para poner en duda la presidencia de España del Consejo de la Unión Europa, que empezará en julio de 2023.

"Imaginen que comience la presidencia española de la Unión Europea con un informe sobre el estado de derecho en España que lo equipare con el húngaro o polaco. Deslegitimaría toda la presidencia española", aseguró al término de la reunión.

Pons, que es el interlocutor del PP para la renovación del CGPJ, insistió en que ellos están "dispuestos a renovar ya, tanto CGPJ como TC", pero quieren "también tomar una decisión sobre cómo se decidirá el nuevo CGPJ, y que sean ellos los que nos digan a los políticos cómo prefieren que se gobierne el Poder Judicial". 

Lo cierto es que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que ultima su dimisión ante la situación de bloqueo del órgano que preside, fue tajante al asegurar que "no se puede supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones".

Reunión a tres bandas

Sobre la posibilidad de una reunión a tres con el comisario de Justicia y el interlocutor del Gobierno, Félix Bolaños, Pons ha asegurado que están "dispuestos a acudir inmediatamente a su llamada". También ha lamentado "que tengan que venir de fuera a ayudarnos con un problema español que no debería hacerse producido". "Cómo político español no me siento orgulloso", dijo.

Pons ha reconocido que "la situación no puede continuar porque judicialmente ya es insostenible, políticamente es tóxico e internacionalmente esta dañando y va dañar" a España. Pero, al mismo tiempo, el PP se enroca en su postura de condicionar el desbloqueo de los nombramientos a una reforma en la forma del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.