En lo que Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, los socialistas o el Partido Popular digieren la situación en la que las elecciones catalanas ha dejado a cada uno de ellos, la ley de amnistía superará el capítulo del Senado y volverá al Congreso de los Diputados. Esto es, el PP efectuará el veto que ya ha anunciado y la ley emprenderá el camino de vuelta a la Cámara Baja, donde, si no hay giros de guion, recibirá la aprobación definitiva. A priori, eso podría ocurrir el 30 de mayo. 

Fuentes del Congreso explican a Público que, siguiendo el proceso ordinario, sería en esa fecha cuando podría situarse el Pleno. Antes, en cualquier caso, recibirá el veto de la mayoría popular del Senado. En su vuelta al Congreso, deberá pasar por Mesa y, después, la Junta de Portavoces oficializará en qué sesión plenaria se incluye. Será entonces cuando habrá culminado su camino parlamentario y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El PP tenía hasta el 16 de mayo para completar la parte de la tramitación de la ley que corresponde al Senado. Lo hará con dos días de margen. Las fuentes consultadas esperan el Pleno como un trámite más, toda vez que las posturas de los actores están claras desde hace meses. No cabe ninguna sorpresa. La Comisión Híbrida de Justicia y Constitucional —creada ad hoc para tramitar esta ley— ya se posicionó a favor del dictamen de la ponencia del Senado contrario a la amnistía, paso previo al veto que se aprobará este martes.

Los populares han solicitado que la votación del veto se produzca por llamamiento, es decir, a viva voz. El Pleno comenzará a las 12 horas.

Fuentes del Partido Socialista, cuya rama catalana trabaja ya en la construcción de la mayoría necesaria para ver a su candidato, Salvador Illa, investido president de la Generalitat —no será fácil, aunque es la opción más plausible—, se esmeran en reivindicar el efecto positivo que, consideran, ha tenido la ley de amnistía en Catalunya. "Los resultados del 12 de mayo vienen a dar la razón al Partido Socialista", apuntan, en referencia a la victoria de Illa: "Se ha demostrado que la ley de amnistía es buena para Catalunya y el conjunto de España".

Si bien es cierto que la senda parlamentaria que le queda a la amnistía es firme y no depara sustos para las formaciones implicadas, también lo es que, después, el terreno es incierto. Como ya ha publicado este medio, el éxito en la aplicación de la amnistía dista mucho de estar asegurado. Diputados y senadores pueden elevar recursos al Tribunal Constitucional y los propios jueces, redactar cuestiones de inconstitucionalidad. También existe la vía de las cuestiones prejudiciales al Tribujal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

Por otro lado, cabe la posibilidad de que un juez al que se le solicite aplicar la amnistía a un caso concreto no lo haga porque considere que dicho caso no cabe en el marco que propone la propia ley, lo cual podría abrir un conflicto entre las partes interesadas y el poder judicial. 

Resaca electoral y futuro cercano

Todos esos escenarios cobran importancia, especialmente, cuando se vinculan a la figura de Carles Puigdemont. No solo Salvador Illa ha confirmado que va a intentar ser investido president, sino que también lo ha hecho el líder posconvergente. Al margen de las escasas posibilidades que tiene de conformar una mayoría suficiente, en el caso de que lo lograra tendría que estar presente en un eventual debate de investidura para ser elegido. 

Y para que eso ocurriera —para que Puigdemont pudiera volver a España sin tener problemas con la justicia— la amnistía tendría que aplicársele sin matices. La ley, tal y como han explicado una y otra vez los distintos partidos implicados en la negociación, se ha construido para que no tenga grietas, pero la hora de la verdad es a partir del 30 de mayo.

La amnistía ha tenido poco espacio en la campaña electoral y, a pesar de que tras el 12M el clima ha cambiado y la pugna vivida en campaña entre Illa y Puigdemont deja paso a la pugna por la presidencia, se puede descartar que las formaciones necesarias para la aprobación de la norma vayan a incluir en las negociaciones de investidura en Catalunya el elemento de la ley de amnistía. Esa es un debate terminado y no debería entrar en juego. 

El PSOE y, por tanto, el PSC son los primeros interesados en que la contienda catalana no interfiera en el equilibrio alcanzado en Madrid.