El 2024 será un año de encrucijadas marcado, sobre todo, por las decisiones que los distintos gobiernos adoptarán en materia económica. Desde las crisis de la covid-19 y la guerra de Ucrania, en Europa se ha impuesto una política expansiva y de protección de rentas (insuficiente en muchos casos por el contexto de inflación) que enmendó la plana a la política de austeridad que transitó la crisis financiera iniciada en 2008.

Ahora parece que se ha abierto un periodo de reflexión para decidir cuál será el siguiente paso en el camino: profundizar en la economía expansiva y de protección de rentas para capear el temporal económico, o volver a los recortes y contención del gasto de los que se nutre la austeridad.

En este contexto de encrucijada, las principales organizaciones sindicales del Estado, CCOO y UGT, ya han definido una agenda de prioridades que toma una posición clara en este debate, y su intención es la de aspirar a marcar la política económica (y no sólo laboral) del Gobierno.

Más allá de la agenda concreta del diálogo social (con medidas en el horizonte como la reducción de la jornada laboral o la elaboración del denominado Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI), los sindicatos tienen su propio plan para transitar el contexto económico que se avecina en 2024.

En Comisiones Obreras consideran que España se encuentra en un momento de transición de su modelo económico que puede dar carpetazo al sistema de las últimas décadas para avanzar hacia uno más justo, equitativo, productivo y estable. El objetivo, un mercado laboral más competitivo y especializado donde la alta cualificación y las políticas de protección de rentas garanticen el poder adquisitivo de las familias; la palanca para lograrlo, los fondos europeos.

"Despejar de puños la vuelta a la austeridad"

Los sindicatos consideran que el aguante de la economía española en estos últimos años de crisis se debe, en gran parte, al nivel de demanda interna y consumo que las familias han sostenido gracias a las políticas que han protegido sus rentas (subidas salariales, incremento del SMI, revalorización de las pensiones...). Que 2024 siga la misma senda depende, a su juicio, de que este nivel se mantenga, lo que a su vez depende de que las rentas se sigan protegiendo frente a la inflación.

En este sentido, en Comisiones lanzan dos peticiones al Ejecutivo. En primer lugar, el secretario general del sindicato, Unai Sordo, ha pedido "despejar de puños" la posible vuelta a la austeridad y no imponerse un ritmo de reducción de la deuda que ahogue la transición económica en la que España está inmersa.

"Si España corre demasiado en la reducción de su deuda, caeremos en una ralentización del crecimiento y peor generación del empleo que nos puede llevar a una recesión", alertó Sordo hace unas semanas, durante una rueda de prensa en la que presentó las prioridades del sindicato en materia laboral.

Una de las reformas propuesta por CCOO que aspiran a proteger las rentas se centra en el SMI. En el sindicato están satisfechos con las últimas subidas pactadas en el seno del diálogo social, la última sin la patronal, que se descolgó del acuerdo. Sin embargo, han advertido que muchas empresas amortizan estos incrementos a través de la absorción de los denominados complementos, lo que de facto provoca que los salarios no suban y que el trabajador siga cobrando lo mismo.

"La jurisprudencia está permitiendo a las empresas absorber todos los complementos para no subir el salario de los trabajadores cuando sube el SMI. El SMI sube el salario base y lo que hace la empresa es absorber algún complemento para mantenerlo igual. Planteamos una modificación del decreto respecto a la estructura salarial", trasladan desde la organización sindical.

Comisiones tripartitas sobre los fondos europeos

La segunda petición es más concisa y tiene que ver con el cambio de modelo económico iniciado desde 2020: que los agentes sociales (sindicatos y patronales) puedan fiscalizar el reparto y ejecución de los fondos europeos. "Queremos tener comisiones tripartitas de seguimiento para saber dónde se ejecutan esos fondos y si se ejecutan o no para saber lo que está pasando", aseguran desde CCOO.

Estas comisiones tripartitas se desplegarían tanto en el ámbito estatal como en los distintos ámbitos territoriales (comunidades y ayuntamientos) para que el seguimiento y fiscalización sea total.

"Si se despliegan fondos para ir hacia una economía y una sociedad más verdes y se establece una partida, por ejemplo, para que un ayuntamiento mejore o amplíe sus carriles bici, no puede ser que, si el consistorio los rechaza porque se niega a desplegar estas políticas verdes, los fondos se queden sin ejecutar", explican desde los sindicatos.

Otro de los objetivos generales que se han marcado para la legislatura es conseguir el pleno empleo, una aspiración histórica de la política laboral que, a juicio de los sindicatos, se ha hecho más real y palpable después de la reforma laboral y de las medidas desplegadas durante la pasada legislatura, que se han saldado con cifras récord en el empleo.

"Hemos puesto un campo base de 20,8 millones de personas trabajando y el objetivo en el medio plazo es avanzar hacia el pleno empleo. Hay que atacar el resto de formas de precariedad, además de la temporalidad, y apostar por una modificación en profundidad del tejido productivo en España", comentó Sordo en su comparecencia, una posición que le trasladó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una reunión que mantuvieron este departamento y los sindicatos hace unas semanas.

En las próximas semanas, Trabajo iniciará el desarrollo de un nuevo Estatuto del Trabajo que se adapte a la realidad laboral actual (marcada por el enorme desarrollo tecnológico) y en los próximos meses también se abordará una reforma del modelo de despido con el objetivo de proteger mejor el empleo.

Antes de desplegar esta agenda, los sindicatos esperan reactivar las negociaciones y acercar posturas con un Gobierno al que acusan de dejar languidecer el diálogo social. Según denuncian, en las últimas reformas laborales y económicas contenidas en los decretos anticrisis, el Ejecutivo no ha negociado con los agentes sociales, y se ha limitado a "consultar" a CCOO y a UGT una vez que la reforma estaba completa.

Sordo y Pepe Álvarez (secretario general de UGT) remitieron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar una reunión en la que abordar este problema. Los sindicatos no han querido revelar detalles sobre una eventual respuesta del Ejecutivo, pero han trasladado que la misiva ya habría tenido efecto.