La Fiscalía considera a EH Bildu una "formación democrática" y rechaza que deba ser ilegalizada. Así consta en un informe firmado por la fiscal de Sala Jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, y por el fiscal de Sala de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, al que ha tenido acceso este diario. 

El informe, solicitado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sirve para responder al escrito del sindicato de guardias civiles JUCIL, que solicitaba la ilegalización de Bildu, tras conocerse que más de 40 candidatos abertzales habían sido condenados por colaborar o pertenecer a ETA.

El informe indica que "en atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática y, por tanto, debe rechazarse la posibilidad de instar el procedimiento de declaración de ilegalidad a que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP), pues no concurren indicios mínimamente racionales de ninguna de las conductas previstas en el artículo 9.2 de la LOPP que permitan entrar a valorar los hechos referenciados". 

Destaca el informe de la Fiscalía que la coalición EH Bildu "ha condenado y condena públicamente la violencia terrorista" y "ha asumido el ejercicio de la actividad política dentro del marco democrático y constitucional". 

Recuerdan los fiscales que "se hace imprescindible, por otro lado, recordar que la banda terrorista ETA se disolvió en el mes de octubre de 2011 y, por consiguiente, es desde esta perspectiva actual que se han de valorar todas las circunstancias concurrentes". 

Para el Ministerio Público no existen "elementos de prueba" que permitan vincular a Bildu con ETA; al contrario de lo que sucedió con el partido Batasuna, como recuerda la Fiscalía, ilegalizado al ser considerado el "brazo político de ETA". 

Los fiscales recuerdan que el Tribunal Constitucional tumbó la sentencia del Supremo que impedía concurrir a las elecciones municipales de 2011 a la coalición abertzale que fue germen de la actual EH Bildu, al ser considerada heredera de Batasuna, pese a que demostró que no existían lazos ni financieros ni de apoyo material ni personales entre ambas formaciones. 

"La condena reiterada de la violencia de ETA" llevó al TC a estimar el recurso Bildu, dotando de "eficacia constitucional" a la extinta coalición de Eusko Alkartasuna y Alternatiba y otras agrupaciones.