La decisión de la comisión institucional de retirar definitivamente la candidatura de Los Paisajes del Olivar de Andalucía a Patrimonio Mundial, a pesar de que ya había sido presentada formalmente ante la UNESCO, al margen de resultar incomprensible y casi inaudita en el ámbito del Patrimonio Mundial, implica una serie de consecuencias de mucho calado que trascienden este ámbito para convertirse en un grave síntoma de la preocupante situación que presenta el patrimonio cultural en nuestro país.

La primera y más evidente consecuencia es que España va a perder la posibilidad de disponer de un bien más incluido en la Lista del Patrimonio Mundial, con el consiguiente perjuicio a otras candidaturas que podrían haberse presentado en su lugar. Toda una irresponsabilidad que desde luego debería haberse evitado y que, en todo caso, el Ministerio de Cultura, junto con la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, deberían explicar y aclarar. Aun así, quien va a sufrir los efectos de esta incomprensible retirada serán los bienes objeto de la candidatura, los olivos, la cultura milenaria del aceite, los impresionantes paisajes generados por este cultivo que tantas aportaciones ha hecho a la historia de la Humanidad y que, sin lugar a dudas, se merece los máximos reconocimientos como Patrimonio Mundial.

Con todo, lo más grave de toda esta situación son los demoledores efectos sobre el patrimonio cultural que tienen los argumentos esgrimidos por la referida comisión institucional para retirar la candidatura y que resumidamente serían la oposición de algunas asociaciones agrarias de las zonas afectadas, especialmente ASAJA, así como la de un número significativo de olivareros de una de las diez zonas (ya que se trata de un bien en serie) que integran la candidatura, en concreto la denominada Campiñas de Jaén; oposición manifestada a través de un argumento demoledor: que la declaración de Patrimonio Mundial (de patrimonio cultural en suma) supone una limitación "al derecho de propiedad y a la libertad de empresa" y que, en este caso, mucho nos tememos, tendrá que ver con la libertad para poder sustituir el olivar tradicional por otro superintensivo o, aún peor, por plantas de placas solares.

Aunque la lectura más fácil que se puede extraer de esta posición de los agricultores es vincularla (lo cual efectivamente es pertinente) con la oleada de protestas en el campo sucedidas hace unos meses y, sobre todo, con la claudicación de la Unión Europea en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y el medioambiente, existen otras explicaciones de más profundidad que tienen que ver con la deriva que actualmente está tomando el patrimonio cultural.

La primera de ellas es la vinculación del patrimonio cultural con la comunidad afectada. Si bien este difuso y complejo concepto de comunidad, instituido en la Convenio de Faro de 2005, lo que persigue es situar el centro de atención en las personas concernidas por la protección de un bien y no tanto en los valores de éste, en la práctica está derivando hacia una premisa inaceptable: que las decisiones sobre la protección de un bien dependan de la voluntad de la comunidad, que es lo que ha sucedido efectivamente en este caso, aunque reduciendo la comunidad no a las personas del territorio concernidas sino a los propietarios afectados. Este proceder supone desmontar uno de los principios básicos del patrimonio cultural como es su condición de interés general y, por tanto, su conversión en un derecho fundamental de todas las personas. Desde luego, si a partir de ahora la administración va a tener que pedir autorización al propietario para la protección de su bien, está claro que el patrimonio cultural como tal construcción social de la contemporaneidad desaparecerá y quedará reducido a su mínima expresión. Toda una regresión que desgraciadamente estamos percibiendo en muchos ámbitos patrimoniales.

La segunda de las cuestiones de fondo es el rechazo a las limitaciones que supone la declaración de un bien como patrimonio cultural. Aunque en este caso esas limitaciones prácticamente eran inexistentes en el ámbito andaluz, ya que la mayoría de los olivares incluidos en la candidatura carecen de una declaración como BIC, los genéricos, aunque importantes, compromisos de protección y conservación adquiridos ante la UNESCO al presentar la candidatura han servido para rechazarla argumentando la ilegitimidad de los mismos. Con independencia del complejo y rico debate que hay en el ámbito del patrimonio agrario en torno a los mecanismos de protección (y la dualidad de visiones que existe entre la UNESCO y la FAO), lo que resulta incontestable es que la declaración de un bien como patrimonio cultural implica una serie de limitaciones, pero no por un deseo espurio o caprichoso de restringir el derecho de propiedad de un particular sino como ineludible mecanismo para preservar los valores (de interés general para toda la sociedad) reconocidos en ese bien. Lo que subyace aquí es la, profundamente errónea, aunque cada vez más extendida, identificación del patrimonio cultural con un simple reconocimiento honorífico o simbólico (que es lo que esperaban casi todos los agentes afectados por la declaración de Patrimonio Mundial), la cual se está expandiendo como la pólvora por el mundo patrimonial a raíz del enorme éxito y difusión del patrimonio cultural inmaterial; un patrimonio de excepcional importancia, pero que está siendo abordado a través de un mecanismo inadecuadamente aplicado en demasiadas ocasiones como es el de salvaguardia, de ahí que estemos asistiendo a una carrera disparatada de propuestas de declaraciones donde pasamos del feminismo a las tapas sin el menor rubor patrimonial.

Como vemos no ha sido el olivar el que ha perdido una inmejorable oportunidad de ser reconocido en su excepcional aportación a la historia de la civilización humana, sino que con su "tala" ha quedado visible una muy preocupante realidad patrimonial, la de la regresión que estamos sufriendo en cuanto a la consideración del patrimonio cultural como un derecho fundamental de todas las personas.